La alcaldesa de Níjar, la socialista Esperanza Pérez Felices,  como volvió a insistir durante la última sesión plenaria de la Corporación Municipal.

“Quedan aún fases de ejecución porque no se han podido aclarar quiénes son los propietarios y hay cuestiones pendientes”, destapó durante el debate sobre la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico para la financiación de la ejecución de la sentencia firme de este caso.

Los tres representantes del grupo municipales de Vox votaron a favor de la ejecución de la sentencia y en contra de la forma de pago que habría de ser, a su juicio, de golpe, “a pulmón”, como definió Yolanda Lozano, portavoz del equipo municipal de gobierno durante su intervención.

El Ayuntamiento de Níjar tiene un remanente de tesorería positivo -superávit- de 19.594.204 euros, pero sendos informes de Tesorería e Intervención Municipal han advertido que la prestación de servicios y el pago de las nóminas de los funcionarios municipales corren peligro con el importe de esta sentencia.

El PSOE, así las cosas, entiende que lo adecuado “para tener una “economía más sostenible” es adherirse al Fondo de Impulso Económico. “Es un instrumento para utilizarlo al que se pueden acoger los ayuntamientos si cumplen los requisitos que marca el Estado y nosotros los cumplimos” aseguró la primera edil.

El presupuesto total de este Fondo para este ejercicio 2022 se eleva a la cantidad de 57,36 millones, de los que el importe de 7.107.641 millones es el que le ha correspondido a Andalucía en el reparto. Satisfacer necesidades financieras derivadas de vencimiento de préstamos a largo plazo con entidades de crédito que financiaron Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) o a la ejecución de sentencias firmes, como es el caso de Níjar, es el cometido de este fondo de financiación de las entidades locales,

Pérez Felices fue más allá y entiende que la solución a este tipo de problemas por cuestiones urbanísticas pasa por cambiar el sistema actual. “Las decisiones urbanísticas no son de los ayuntamientos. El derecho urbanístico está reglado, así como el interés social. Cuando se aprobaron estas licencias municipales de obras- en 1982-, yo tenía 10 años. Es una sentencia civil y no penal” subrayó la primer edil de los nijareños/as a una serie de cuestiones lanzadas desde la bancada del grupo Vox.