La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, ha abierto un plazo de diez días, que finalizará el próximo el lunes día 17, con la publicación de la iniciativa reglamentaria de la ordenanza municipal para fomentar y garantiza la convivencia ciudadana y el civismo en el término municipal.

El anuncio de esta consulta pública busca recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por el Reglamento Interno de uso de aeronaves pilotadas por control remoto por el el cuerpo de la Policía Loca de Níjar.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones al respecto de la futura norma sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la norma y as posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Esta iniciativa reglamentaria ha sido elaborada por la Concejala Delegada del Área de Fomento y Turismo y pretende ·evitar conductas que suponen una perturbación de la convivencia, así como minimizar los comportamientos incívicos que se puedan realizar en el espacio público”.

La memoria de esta iniciativa argumenta su necesidad y aprobación. Así, señala como “las actuaciones incívicas que se puedan producir en el mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines, en las fachadas de edificios públicos y privados, en las señales de tráfico, en el viario, en las instalaciones municipales y en el espacio público en general, suponen unos gastos de reparación importantes que distraen la dedicación de recursos municipales a otras finalidades y se sufragan en realidad por todos los ciudadanos”.

El consistorio nijareño pretender que “disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos e incívicos que se producen en el municipio”, así como, exigir la observancia de las normas sociales de convivencia que impliquen una compostura, corrección y respeto a la moral y al orden público”, según recoge la memoria.

Esta ordenanza recuerda también la “necesidad de disponer de un texto normativo que, a la vez defina las conductas antisociales que degradan la ciudad y deterioran la calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes”.

“Estamos ante un fenómeno que trasciende del ámbito de la Administración municipal, pero, al ser la ciudadanía la que soporta sus consecuencias degradantes, el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta problemática y, en el marco de su competencia, debe combatirla con los medios que el ordenamiento jurídico arbitra” añade.

Esta iniciativa pretende “preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en el municipio”.=