Níjar

23 nijareños en la lista definitiva de candidatos a Jurado Popular

  • 12 son mujeres y 11 son hombres, tienen entre 80 y 23 años y su condición de candidato finaliza el 31 de diciembre de este año.

Una relación de 23 nijareños forma parte del listado definitivo de candidatos a Jurado Popular hasta el 31 de diciembre de este año. La nómina, publicada por la Delegación de la Oficina del Censo Electoral de Almería, incluye los nombres de 12 mujeres y 11 hombres, y sus edades van desde los 80 años del mayor a los 23 del más joven.

El Tribunal de Jurado de Almería se compone de 11 plazas, 9 titulares y 2 reservas. La selección definitiva sale de un sorteo sobre 36 aspirantes que se produce en la Audiencia Provincial un mes antes del juicio al respecto y de este grupo, los candidatos son entrevistados en la misma sala de vistas y ponen nombre a los componentes de este Jurado. Este tipo de jurado emite “un veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado”.

Su cometido pasa por “proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusación”. El desempeño de las funciones del jurado “está retribuido e indemnizado” y tiene “la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable público y personal, a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial”.

Este Tribunal del Jurado tiene competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo en los supuestos de delitos contra las personas; delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos; delitos contra el honor y delitos contra la libertad y la seguridad. Los miembros de este Tribunal también son competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos de homicidio y amenazas; omisión del deber de socorro y allanamiento de morada; infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. El tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de presos forman parte de su ámbito competencial.

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