controversia con la subdelegación del gobierno

Los terrenos para la Comisaría son del Ayuntamiento de Roquetas, según la Ley

  • El Reglamento de Bienes de Entidades Locales es claro al respecto: la cesión revierte si en cinco años no se logran los fines por los que se realiza, y han pasado más de 13 sin que se haya puesto una piedra de la Comisaría

  • Advierte además de que el Estado debería devolver "el valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos" durante el tiempo que han estado cedidos

  • El subdelegado, Manuel de la Fuente, dijo esta semana que los terrenos están escriturados por el Estado y que cuenta en su poder con la cédula catastral

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas / D. A.

“Si los bienes cedidos no fueran destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión, o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a la corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la Entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos”. Así reza el punto primero del Artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la norma que rige las cesiones de terrenos de un Ayuntamiento a otro organismo público y la que ha de arrojar luz, por tanto, a la controversia surgida entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la subdelegación del Gobierno a cuenta de los terrenos de la futura Comisaría de Policía Nacional, cuya propiedad se atribuyen ambas instituciones. En virtud de este punto, y especialmente del punto 2, es al Ayuntamiento de Roquetas a quien habría que atribuir dicha propiedad a día de hoy e incluso el Estado debería indemnizar al municipio por no haber construido en su momento la Comisaría.

Teniendo en cuenta que el convenio en el que se basa la Subdelegación del Gobierno para afirmar que tiene escriturados los terrenos que le cedió el Ayuntamiento –Manuel de la Fuente señaló esta semana que cuenta con la cédula catastral del terreno– data del 4 de septiembre de 2006, han pasado más de 13 años, y la ley es clara al respecto en el punto segundo del referido Artículo 111: “Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes”. Es decir, que si en cinco años desde que se certifica la cesión del terreno, no se ha implementado el proyecto para el que fue cedido, automáticamente el suelo revierte al Ayuntamiento de Roquetas. Y si algo hay claro en este asunto es que aquella Comisaría para la Policía Nacional proyectada en 2006 nunca se llegó a construir.

Este artículo, el 111, aparece explícitamente en el convenio suscrito en 2006 entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento roquetero. En la segunda de las cláusulas del convenio se advierte que “el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, para la edificación de la nueva Comisaría de Policía, la parcela de 2.674,82 metros cuadrados sita en el sector 18 del PGOU. La puesta a disposición del inmueble reseñado lo es a título de cesión gratuita, en los términos y con el alcance previstos en los artículos 109 a 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”.

En 2006 la Comisaría ya era un tema recurrente en la actualidad de Roquetas de Mar, un anhelo de muchos, incluido del propio Ayuntamiento roquetero, en virtud de lo que recoge aquel convenio que firmaron Gabriel Amat y Antonio Camacho Vizcaíno, quien por entonces era Secretario de Estado de Seguridad, y que estuvo acompañado en la firma por Julio Ángel Martínez Meroño, a la sazón Director General de Infraestructuras y Material de la Seguridad y Director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado. “Para el Municipio de Roquetas de Mar, la creación de una Comisaría de Policía Nacional es desde hace tiempo una sentida aspiración que se ha puesto de manifiesto en numerosas iniciativas orientadas a dicha finalidad promovidas por el Ayuntamiento ante diversos órganos de las Administraciones autonómica y estatal”, reza literalmente el convenio.

El mismo se suscribió con un único objeto, como advierte su título: “Creación de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Roquetas de Mar”, y aquí se incluía la necesaria cesión por parte del Ayuntamiento de la parcela reseñada. El Ayuntamiento contraía algunas obligaciones con la firma de aquel convenio. En nueve meses desde su firma tenía que tener listo el proyecto de ejecución de la obra, según las necesidades expresadas por el Cuerpo Nacional de Policía, algo que cumplió, así como el estudio geotécnico del suelo y el estudio de seguridad y salud. La ejecución de la obra, por su parte, correría a cargo del Ministerio del Interior, que no hizo su parte.

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