La Asociación de Padres, Familiares y Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Zona Norte de Almería (APAFA) se encuentra en una situación muy crítica. Esto se debe a que ha sido obligada a devolver una subvención de medio millón de euros. Esto ha provocado que los vecinos de la Comarca de Los Vélez se unan y se movilicen para evitar el cierre de la entidad, que presta cada día servicio a este colectivo.

Con las movilizaciones que vienen haciendo de un tiempo a esta parte han conseguido reunir a día de hoy cerca de 23.300 firmas de personas que se han sensibilizado con la causa y han apoyado la petición que están haciendo a través de la plataforma digital Change.org que está dirigida al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como al resto de fuerzas políticas. Con ella buscan salvar de "una muerte segura" a la entidad, tal y como reflejan en la misma petición.

"Me dirijo a usted con el ruego de que haga lo posible por evitar lo que, a mi entender, es una tropelía que se viene cometiendo con dicha entidad y cuyos resultados materiales perjudiciales están a punto de hacerse efectivos" expresan en el escrito, y prosiguen que "es, por tanto, además de, y principalmente, un modelo de atención a estas personas y sus familias, uno de los principales factores o elementos de desarrollo económico de una zona, la de Los Vélez, en Almería, deprimida económicamente. Por tanto, para nosotros, la sociedad en general y, por supuesto, espero que para su Gobierno y todas las demás Administraciones Públicas, debe ser importantísimo el mantenimiento de esa labor".

En referencia a la subvención de medio millón de euros que ahora tienen que devolver, explican que "como consecuencia de un error humano, cometido con toda la buena fe y sólo con la intención y el resultado de conseguir realizar de forma más favorable una actuación que fue subvencionada en la convocatoria de ayudas con cargo al IRPF, de 2011, desde el 2015 se le viene exigiendo el reintegro de la subvención, más los intereses. Tras ser desatendidas sus alegaciones, recursos administrativos y consiguiente procedimiento judicial, este también con resultado desfavorable, se ve abocada la entidad a devolver, a la actual Secretaría de Estado de Servicios Sociales, una cantidad de la que no dispone y que, aunque pudiera disponer por cualquier forma gravosa, perjudicaría de tal manera la atención a las personas a su cargo que se vería abocada al cierre. Lo que supondría, no ya el cese de una labor encomiable y meritoria, sino, además, un golpe fortísimo y letal para la economía de la zona".

Así, concluyen que "como estamos convencidos de que hay soluciones perfectamente legales y factibles, es por lo que acudimos a usted con el ruego de que ponga en marcha las medidas que conduzcan a evitar este disparate".