OPINIÓN. AUTOPISTA 61

Huesos

La Transición política fue posible porque se basó en un olvido jurídico de lo que había pasado durante la Guerra Civil. En aquellos años todavía vivían muchos de los responsables de los crímenes cometidos por los dos bandos, pero la Transición supuso la firma de un pacto tácito por el que se decidió dejar en paz a esos responsables. De una forma u otra, por acción o por omisión, dos de los protagonistas fundamentales de la Transición habían tenido que ver con estos crímenes: las explicaciones de Santiago Carrillo sobre su papel en la matanza de Paracuellos no resistirían una investigación judicial, y Manuel Fraga se sentó en algunos de los consejos de ministros de Franco que dictaron vergonzosas penas de muerte sin ningún tipo de garantías jurídicas (ni mucho menos morales). Pero tanto Fraga como Carrillo, los herederos simbólicos de las dos Españas que lucharon en el 36, aceptaron ese pacto.

Como ocurre siempre que se quiere llegar a un acuerdo, las dos tuvieron que ceder. Pero en este caso fueron los herederos de los republicanos los que más cedieron. Sus víctimas, que fueron muchísimas más que las víctimas del otro bando, ni siquiera tuvieron derecho a una mínima rehabilitación moral. Muchas de ellas siguieron –y siguen aún– enterradas en fosas comunes por media España. Y lo único que recibieron los familiares de esas víctimas fue un certificado de defunción o un expediente de “persona desaparecida”, casi siempre redactado por un funcionario que solía mirar con cara de pocos amigos a la viuda o a los hijos de la persona asesinada.

Si España fuera un país tan sensato como se dice que es –sin demasiadas pruebas–, en los primeros años 80 se habría formado una Comisión Nacional de Víctimas de la Guerra Civil, integrada por personalidades prestigiosas que habían luchado en los dos bandos (todavía quedaban bastantes), además de historiadores y archiveros –pero sin la presencia de ningún político–, para hacer un censo de todos los asesinados durante la guerra por parte de los dos bandos. Y como los nombres de los asesinados por los republicanos ya se conocían (todos figuraban en la “Causa General” que el Gobierno de Franco instruyó en la posguerra), se debería haber hecho un censo de todos los republicanos asesinados por los sublevados contra la República. Y con estos nombres, con todos ellos –los de un bando y los de otro–, se debería haber hecho un único censo de víctimas de una guerra estúpida y cruel de la que nadie debería sentirse orgulloso.

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