El Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma de la Ley de Tráfico que, entre otras cosas, regulará la circulación de los patines eléctricos, un marco normativo que desde hace años vienen demandando los ayuntamientos y que viene a clarificar algunas dudas relativas al uso de este tipo de vehículos.

En concreto, la Ley de Tráfico los define como vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora, quedando excluidos para personas con movilidad reducida. Las nuevas normas prohiben la circulación de los patinetes eléctricos por aceras y zonas peatonales, y tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos, incluida la prohibición del uso del móvil y auriculares o de conducir bajo los efectos del alcohol. También se impide que circulen en vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías, incluso las que transcurran dentro de poblado, y tampoco podrán circular en túneles urbanos.

De momento, la DGT no requerirá ninguna licencia para su conducción, aunque para poder circular, los patines deberán disponer de un certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos técnicos contemplados en el manual de características que se aprobará mediante resolución del Director General de Tráfico.

La Federación Española de Usuarios Vehículos de Movilidad Personal ya ha reaccionado a la normativa criticando que la regulación de los patinetes "se ha elaborado sin contar con los usuarios" e "ignorando las necesidades" que vienen reclamando "desde hace dos años en forma de alegaciones" a las que no se les ha dado respuesta, aseguran. Para los usuarios de los patinetes, la reforma “busca restringir en lugar de fomentar una alternativa de movilidad sostenible, en un momento donde son más necesarios que nunca”, anulando “su potencial como alternativa al coche", ha señalado la entidad, que critica también la prohibición de circulación en vías interurbanas y travesías por ser “desproporcionada" y limitar el uso de estos vehículos fuera de los grandes núcleos urbanos, “especialmente en la España vaciada, que es donde menos alternativas al coche privado existen”.