¿Habrá restricciones si vuelven a subir los contagios tras el estado de alarma? ¿Se reducirá de nuevo el horario de apertura de la hostelería y de los comercios? ¿Qué ocurrirá con los toques de queda? Son muchas las incógnitas y las dudas a pocos días de que termine el estado de alarma. A partir del próximo domingo las decisiones para contener al coronavirus estarán en manos de los gobiernos autonómicos, con el visto bueno de los tribunales. Y, en caso de disconformidad, dependerá del Tribunal Supremo.

Las comunidades aguardan expectantes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde para conocer las posibles soluciones que pueda darles el Gobierno para controlar el virus sin el escudo del estado de alarma, y con las que terminarán de diseñar sus planes hacia la normalidad.

La última reunión del Ministerio de Sanidad y las autonomías en este estado de alarma, decretado el pasado 25 de octubre y que expirará el próximo domingo, 9 de mayo, estará marcada precisamente por las medidas que podrán tomar ahora para evitar que la relajación de las restricciones implique un aumento de contagios cuando el proceso de vacunación no está lo suficientemente avanzado.

El Gobierno ha mantenido desde el principio que no iba a prorrogar más esta situación porque las autonomías cuentan con "herramientas suficientes" para contener el virus sin necesidad de ello.

Sin embargo, varias son las que han mostrado sus reticencias por la indefensión jurídica en la que quedan sin el paraguas del estado de alarma, al tener que someter sus medidas al criterio de los jueces.

Para evitar que se repita la disparidad de resoluciones judiciales del verano pasado, el Ejecutivo aprobó este martes un real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir al Tribunal Supremo cuando sus medidas sean denegadas por los tribunales superiores de justicia.

El Gobierno andaluz está ultimando su propia "transición hacia la normalidad", por lo que se están perfilando las "limitaciones o aperturas" que estarán vigentes desde este domingo, "en consenso" con los sectores sociales y económicos, pero no se aprobará nada hasta conocer qué posición mantiene y qué situaciones regula el Gobierno central en el Interterritorial.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es partidario de mantener medidas como el uso de la mascarilla y el toque de queda; por ello, va a pedir un "paraguas" constitucional que permita seguir teniendo un equilibrio prudente entre las restricciones y la apertura para no pasar "de cien a cero, o de cero a cien", sino hacer una desescalada ordenada.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, es partidario de seguir con una "desescalada prudente y progresiva" para "llegar al verano con la máxima normalidad que se pueda"; la Generalitat pedirá permiso al Tribunal Superior de Justicia para mantener un toque de queda pero más reducido, si bien las limitaciones se decidirán a finales de semana con las directrices del CISNS.