El magistrado Fernando Ferrín Calamita, acusado por prevaricación debido al supuesto retraso de los trámites de adopción de una niña por la consorte de su madre biológica, además de discriminación sexual contra la pareja de lesbianas, indicó ayer, en el primer día de la vista oral de este caso que "sólo he velado por los intereses de la menor" cuando decidió demorar los trámites. Asimismo, manifestó a la prensa que se siente perseguido por su creencia ideológica. Así, dijo confiar en que "al final se haga justicia, aunque ya no creo en ella, puesto que todo lo que me viene pasando desde hace más de un año ha hecho que pierda mi confianza". El fiscal solicita para él 18 años de inhabilitación y multa por un delito de prevaricación.