Clara Aguilera, eurodiputada socialista

Desde el pasado año, y especialmente durante el 2020, la agricultura europea vive una situación complicada. Ya venía padeciendo una crisis de bajos precios que perciben los agricultores y agricultoras por sus productos, especialmente grave en algunos cultivos y en explotaciones o cabañas ganaderas con bajo rendimiento, lo que está haciendo inviable su continuidad. En 2019 la pérdida de renta agraria en España fue de un 9%.

Esta situación generó en los meses de enero y febrero importantes movilizaciones por toda Europa, y en el caso de España derivó en grandes manifestaciones y concentraciones de agricultores y ganaderos bajo el lema #AgricultoresAlLímite.

El Gobierno de España aprobó un decreto ley sobre "transparencia y control de precios" en la cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas, tal y como se había comprometido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Esta es una vieja demanda del sector agrario, que ve cómo lo que perciben por sus productos nada tiene que ver con el precio final de mercado -que han de pagar los consumidores- causando un gran agravio y desconcierto en todo el sector y en la sociedad. Además, el Ministerio abrió mesas de negociación con los productores, la industria y la distribución para buscar soluciones conjuntamente.

Otro de los factores que está influyendo en la viabilidad de las explotaciones es la subida del salario mínimo, especialmente en los cultivos más extensivos en mano de obra, como el olivar, el viñedo o las frutas y hortalizas.

Pero durante y después de las movilizaciones, el Gobierno de España ha seguido aprobando iniciativas para ayudar al sector agrario, como es la modificación de la ley de la cadena alimentaria con un real decreto; esta norma buscaba desde 2013 eliminar "prácticas abusivas" pero necesitaba una actualización. Asimismo, queda pendiente trasponer una directiva europea de Prácticas Comerciales Desleales.

También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió a modificar la ley de organización de las interprofesionales, ya que considera que "es necesario mejorar" la estructuración del sector agrario con la articulación de las OCM (organizaciones comunes de mercado), que tienen la capacidad de retirar productos – para subir precios – o realizar acciones de promoción.

Un sector esencial

Ha sido en esta situación de crisis profunda cuando se ha desencadenado la pandemia de la Covid-19, durante la cual el sector agrario ha sido considerado un sector esencial.

Pero esta pandemia debería servirnos para redefinir la manera en que nos alimentamos como humanidad. Hoy el mundo tiene ante sí una oportunidad única para adoptar medidas de largo alcance para promover dietas más sanas, motivar a los agricultores y agricultoras a producir una gama más variada de alimentos y fortalecer la colaboración entre los sectores agrícola, alimentario y de salud pública.

“La pandemia ha evidenciado la necesidad de transformar la agricultura y ganadería, hecho que debemos afrontar con el Pacto Verde Europeo”

Pero los ajustes por el lado de la demanda no acaban aquí, ya que la producción de alimentos es el principal factor de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. La agricultura usa grandes cantidades de agua dulce y emite gases de efecto invernadero que hay que reducir.

La pandemia ha evidenciado la urgente necesidad de transformar la agricultura y la ganadería, hecho que debemos afrontar ahora con el llamado “Pacto Verde Europeo”. La reconstrucción económica que le seguirá es una oportunidad perfecta para proporcionar una mejor nutrición y más salud para todas las personas.

A esta situación, y en el caso de la agricultura española, las orientaciones de la UE en materia de cambio climático, de promoción de la economía circular y de modelos productivos hipo-carbónicos son un paso adelante en la buena dirección. Y resulta también fundamental la implicación del sector empresarial en la lucha contra el cambio climático y a favor de la transición energética, dado su relevante protagonismo en el actual sistema económico.

La reforma PAC

La reforma de la Política Agraria Común (PAC), prevista inicialmente para el próximo septenio (2021-2027), aunque actualmente la previsión es que entre en vigor en enero de 2023, es uno de los principales caballos de batalla del sector agrario. España y otros países productores han trabajado para que el presupuesto, que de 2014 a 2020 es de más de 400.000 millones de euros, no disminuya.

La salida del Reino Unido con el Brexit, especialmente si es “sin acuerdo”, y la gran crisis motivada por la pandemia, hacía temer una fuerte reducción en el presupuesto agrícola. Finalmente, se ha conseguido mantener el presupuesto, aunque sin tener en cuenta la inflación durante este periodo.

El panorama se completa con los acuerdos comerciales con terceros países. El sector critica la "competencia desleal y la falta de reciprocidad” con unos precios más bajos porque no respetan los altos estándares comunitarios medioambientales y de calidad, como es el caso en los cítricos provenientes de Sudáfrica, la miel de origen chino, el tomate marroquí o la almendra de California.

A esto se une la aceptación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a los aranceles impuestos por Trump a algunos productos agroalimentarios españoles (aceite, vino o quesos, que han indignado al sector, que paga por un conflicto vinculado a las ayudas comunitarias a compañías aeronáuticas. Las empresas reclaman medidas de compensación a Bruselas y más firmeza a las autoridades, pero sobre todo un acuerdo político que los elimine, cuestión importante para nuestro sector exportador.

La nueva PAC, aún en debate, va a ser muy diferente de las anteriores, tanto en la filosofía en que se inspira, como en su metodología e instrumentos de aplicación.

Se mantiene la organización en dos pilares: el primero (ayudas directas) financiado por la UE a través del fondo FEAGEA, y el segundo (desarrollo rural) cofinanciado por el fondo FEADER y los Estados miembros. Se mantienen, aunque reforzadas, las condicionalidades para el cobro de las ayudas y se limitan los requisitos para ser beneficiario (agricultor genuino).

Permanece el viejo y para mí deseable objetivo de fijar un tope máximo a la cuantía de las ayudas a recibir por un solo perceptor (capping), aunque se deja a la voluntad de los países, y persiste el propósito de reducir las diferencias por razones geográficas entre beneficiarios (convergencia que conllevará una reducción de las actuales regiones agrícolas).

Un primer cambio es de planteamiento, ya que los Estados miembros gozarán de un elevado nivel de autonomía para la aplicación de la PAC, cuestión que me preocupa, por la posible renacionalización de esta política comunitaria. No obstante, de aprobarse la propuesta, tendrán amplio margen de maniobra para definir las acciones que estimen más adecuadas para cumplir una serie de objetivos generales, comunes a toda la Unión Europea: sostenibilidad, cambio climático, relevo generacional, digitalización, biodiversidad, salud y sanidad de los alimentos, bienestar animal…

Y además, podrán complementarlos con objetivos más específicos, según las singularidades de sus respectivas agriculturas y las prioridades que quieran establecer a la hora de destinar los recursos de los dos fondos de la PAC.

Para ejercer esa autonomía, los Estados dispondrán del instrumento de los «planes estratégicos nacionales», que son la gran novedad de la nueva PAC. La elaboración y ejecución de estos «planes» constituyen un reto importante para las autoridades de gestión (el MAPA, principalmente, pero también las consejerías de las CC.AA.) Otra novedad es la figura de los «eco-esquemas». Con recursos del primer pilar de la PAC, estos programas incentivarán a los agricultores a modificar sus prácticas agrícolas y ganaderas en la dirección de la sostenibilidad de sus explotaciones y la lucha contra los efectos del cambio climático. Los «eco-esquemas» son, además, un modo de complementar la ayuda básica a la renta con otra ayuda condicionada, por tanto, a la realización de cambios en el modo de gestionar su explotación.

Para finalizar, ante esta situación en la que suscribo la denominación puesta por el sector “Agricultores al límite”, se produce el debate de las dos Estrategias que desarrollaran el llamado Pacto Verde.

La “Estrategia de la granja a la mesa” y la “Estrategia de la Biodiversidad”, que están generando en el sector agrario gran preocupación, algo que debe de cambiar, adoptando una actitud de mayor participación y actuación conjunta ante estos debates para que finalmente recojan las demandas antes de que se materialicen las propuestas normativas.

La sociedad ha cambiado y nos demanda cambios, y es lo que debemos abordar en los próximos meses y años, utilizando la investigación, la innovación, la digitalización y todos aquellos instrumentos que dispongamos a nuestro alcance, pero sobre todo participar con propuestas en todos los debates españoles y europeos que se promuevan.