El conflicto laboral de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha vuelto a materializarse en el pleno a raíz de la aprobación del pago de varias facturas de la concesionaria –la empresa Claros SA– por un importe superior a los 400.000 euros que responden al incremento de horas de trabajo prestadas que exceden el presupuesto.

Al haberse superado el límite para afrontar una nueva modificación de contrato, este trámite –explicó el delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez– resulta indispensable "para que las trabajadoras puedan cobrar sus nóminas".

El punto, no obstante, ha desatado las airadas protestas de las trabajadoras y las vehementes críticas de la oposición al conocerse –porque así constaba en el expediente que se llevó al pleno– los criterios que se incluían en el pliego de condiciones que trabajaba el Ayuntamiento isleño cuando el año pasado, antes de que anunciara su intención de asumir la gestión directa del servicio a través de Esisa (ahora en proceso de reconversión en Hemsa)– intentaba sacar una nueva plica "que claramente beneficiaba a la empresa en detrimento de las trabajadoras".

La oposición en bloque ha señalado cuestiones como el aumento el beneficio industrial de la concesionaria "de un 10 a un 19%", la eliminación de cuestiones como la formación de la plantilla e, incluso, que las auxiliares quedaban relegadas más bien al papel de empleada doméstica al incrementarse las labores de limpieza en el domicilio.

Las protestas han llevado incluso a que se ordene un receso del pleno mientras que el concejal Conrado Rodríguez trataba con las trabajadoras que estaban presenten en el pleno, haciendo ver su enfado y lo defraudadas que se encontraban por algo "que tenían oculto".

Desde el gobierno, sin embargo, se ha insistido en que a lo largo de todo el conflicto laboral de las trabajadoras habían procurado por todos los medios incluir cláusulas sociales en el nuevo contrato y se ha recordado que, al no poder hacerlo, se optó por asumir la gestión directa del servicio, lo que puso el punto final a la protesta de 69 días de las trabajadoras a las puertas del Ayuntamiento.

Trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en el pleno.

Un nuevo contrato mientras llega la gestión directa

Rodríguez ha afeado también a la oposición que no apoye la aprobación de estas facturas para hacer posible el cobro de sus nóminas a las trabajadoras.

El punto ha sido aprobado con la mayoría del gobierno que forman PSOEy Cs, el voto en contra de Vox y Podemos y la abstención de AxSí y de PP.

Ante el incremento de los costes del servicio más allá de lo presupuestado y para no tener que ir aprobando factura por factura en el pleno, las trabajadoras temen que se intente licitar ahora un nuevo contrato en estas condiciones (aunque hay prórroga hasta 2024) mientras se tramita la gestión directa del servicio, que marcha mucho más lenta de lo que quisieran aumentando su incertidumbre. 

De hecho, han exigido al equipo de gobierno que les muestren el pliego de condiciones que se ha enviado a contratación. Hablan incluso de retomar las protestas a las puertas del Ayuntamiento después de Semana Santa si no hay avances que favorezcan a la plantilla.