Éxito de participación en la primera jornada de huelga de los funcionarios de la Admisnistración de Justicia. Así lo han confirmado los sindicatos convocantes durante las primeras horas de paralización de los juzgados onubenses. 

Desde el sindicato CSIF han informado de que "un alto porcentaje" del colectivo de funcionarios de Justicia han secundado la jornada de huelga convocada de forma indefinida a partir de este lunes. El cuerpo de funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia representan el 93% del personal de los juzgados por lo que la huelga puede representar una importante merma para la Justicia de todo el Estado, y de la provincia, donde ya se acumulaban retrasos por más de un año derivados de la huelga de Letrados. 

En Huelva, desde que comenzó el conflicto, hay unas 20.000 actuaciones judiciales suspendidas y aplazadas, además de 8.000 demandas sin registrar, según datos del comité de huelga. La responsable del Sector de Justicia de CSIF Huelva, Mari Paz de la Cruz, ha señalado que el Ministerio, encabezado por Pilar Llop, ha ignorado las demandas y el endurecimiento de las protestas de los trabajadores de justicia "a pesar de los efectos negativos para la ciudadanía". 

Los funcionarios, que buscan una mejora salarial de acuerdo a sus funciones reales, se han concentrado este lunes a las puertas del Palacio de Justicia de la capital. 

Desde abril, se han llevado a cabo paros parciales, huelgas de 24 horas y movilizaciones en dependencias judiciales como parte de un calendario de movilizaciones a lo largo de toda la provincia de Huelva: Ayamonte, Moguer, Valverde, Aracena y Huelva Capital, y está prevista además una gran manifestación en Madrid el día 25 de mayo.

El último contacto entre el Ministerio y los representantes de los trabajadores fue el 24 de abril, en cambio el Ministerio ha atendido y respondido positivamente a otros colectivos.

La responsable sindical de CSIF Huelva ha subrayado que los funcionarios –unos 500 en Huelva, 9.000 en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de España— están siendo tratados como “funcionarios de segunda” frente a otros cuerpos, y ha recordado que “llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente”, de forma que “si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca”, ha argumentado.

Los sindicatos convocantes –además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT- exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar ya que hasta el momento el Ministerio no ha presentado una oferta seria. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Según Mari Paz de la Cruz, cerrado el conflicto con los Jueces y Fiscales, "al Ministerio ya no le quedan más excusas para no convocar al comité de huelga con una propuesta económica y un compromiso sobre el contenido de la ley de eficiencia organizativa (LOEO) que permita avanzar en una salida negociada al conflicto". 

"Miles de ciudadanos/as ven que sus asuntos en los Juzgados van a sufrir más demoras y aplazamientos por la huelga indefinida mientras el Ministerio de Justicia sigue sin convocar una reunión ni presentar una propuesta al comité de huelga que permita desbloquear la situación", asegura de La Cruz.