Reitera que sufrió la injerencia del poder político por la falta de independencia de la Fiscalía y en la comisión de servicio que solicitó al CGPJ. Critica a la prensa porque "algunas de las expresiones puestas en su boca son titulares periodísticos" y son palabras que "nunca" pronunció.

El promotor entiende que no existió una "falta de consideración" a los miembros de la carrera fiscal, sino que fue una "crítica" dirigida al régimen legal de funcionamiento del Ministerio Público. El responsable de investigar las infracciones de los jueces aún no se ha pronunciado sobre las quejas que realizaron los propios jueces de Instrucción de Sevilla contra Alaya, así como las realizadas por el ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopez y el ex interventor de la Junta Manuel Gómez, que está siendo juzgado en el caso de los ERE.

Bové Montero y el propio Jorge Castro, abogado y auditor de cuentas, controlan un 50% del accionariado de la nueva sociedad que ofrece servicios relacionados con auditoría, outsourcing, así como consultoría y gestión económica-financiera, contable y tributaria.

Un empresario no ha aportado el necesario poder notarial. La propia juez responderá a su supuesta "antipatía y animadversión" al PSOE.

La Fiscalía y cuatro procesados no ven causa de recusación. "Somos empresarios y los pronunciamientos políticos no nos conciernen". .

Alaya “está convencida de que el PSOE le ha atacado y le ha dañado en su labor jurisdiccional”, cuando no hay prueba alguna, destaca la defensa del ex consejero. Cita en varias ocasiones el auto que apartó de los ERE al magistrado Pedro Izquierdo, que había sido secretario general de Justicia en la Junta.

El tribunal ofrecerá el lunes a los otros cinco acusados adherirse a la recusación. Alaya será la primera en decidir si debe apartarse.

Se trata de las denuncias de los jueces de Sevilla y del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pero la Comisión Permanente aún no ha tratado la queja de Lopera.

El magistrado considera que la juez de la Audiencia de Sevilla "se limitó a ejercer su libertad de expresión". Como testigo presencial, se ofrece a declarar en las diligencias informativas abiertas por el CGPJ.

El acusado se enfrenta además al pago de casi medio millón de euros por los daños causados.