La instructora les impuso en febrero pasado una fianza de cinco millones a los dueños para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.

Reitera que el riesgo de fuga ha "disminuido de forma considerable" y que los investigados han permanecido seis meses encarcelados y se les ha retirado el pasaporte. Facua pidió su vuelta a prisión al considerar que había más riesgo de fuga durante el estado de alarma.

La acusación particular reclama que los responsables de la empresa vuelvan a prisión por el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y porque la instrucción no está finalizada. Considera que todavía pueden producirse nuevas imputaciones de funcionarios del Ayuntamiento o de la Junta en relación con las inspecciones de la sociedad que elaboraba la carne mechada que se contaminó.

Considera que la instrucción no está prácticamente concluida, como sostiene la juez, sino que hay que investigar "si existen otras personas del Ayuntamiento o la Junta" que pudieran ser responsables de la falta de control.

Adopta la decisión tras la petición de libertad de la Fiscalía y considera que la investigación está "prácticamente terminada". De ahí concluye que el riesgo alterar pruebas es "prácticamente inexistente" y ha disminuido el riesgo de fuga, también tras la declaración del estado de alarma.

El gerente del laboratorio Microal ratifica ante la juez su informe.

La defensa cuestionaba la imparcialidad del perito porque había sido designado por la Junta, que ejerce la acusación particular en la macrocausa.

En cuanto a la presencia de la bacteria en la sede de la empresa, constata la posible "contaminación cruzada", "falta de higiene" y que sirviera de "hábitat para un crecimiento de las colonias de listeria". Estos niveles de contaminación son suficientes para provocar los daños a los afectados, según el perito.

La juez encarga un macroinforme pericial sobre el mayor brote de listeriosis detectado en España que servirá incluso para determinar si el Ayuntamiento y la Junta son responsables.

De los diez investigados, sólo se impone dicha medida a cuatro: el propietario, su hijo Sandro, su mujer y su cuñada. Da un plazo de un día para aportar dicha cantidad o se procederá al "inmediato embargo" de sus bienes, ya que considera que existe "peligro" de que no se satisfagan las responsabilidades civiles derivadas del contagio.