La instructora ha archivado dos veces este caso, pero en ambas ocasiones se han vuelto a reabrir por la juez Mercedes Alaya.

La defensa considera que las pruebas practicadas y el informe de la UCO descartan delitos de cohecho o tráfico de influencias.

Los investigadores constatan que sólo el ex secretario general de Innovación y ex presidente de la Sepi Vicente Fernández, y la ex ex directora de Minas María José Asensio obtuvieron un puesto de "mayor relevancia" tras el concurso. El informe concluye que "no se ha podido determinar la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva" en las personas más próximas a los investigados.

La Fiscalía se había opuesto al estimar que las autorizaciones medioambientales "para nada afectan a la investigación ni a la realidad de la comisión o no de los delitos investigados".

La Junta de Extremadura ha acordado la "cancelación de la inscripción" de la concesión en Las Morras después de que la empresa no aportara la documentación requerida.

Señala que el concurso no ha supuesto ningún desembolso para las arcas públicas, sino un ahorro en relación con los pasivos ambientales que asume la ganadora desde la notificación de la resolución.

Los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno se acogen formalmente a su derecho a no declarar, pero presentan un escrito defendiendo que han actuado correctamente en el concurso para la adjudicación de la reapertura de la mina a través de Minorbis.

Vicente Fernández muestra su plena confianza en los funcionarios de la mesa y de la comisión técnica del concurso para la reapertura de la mina, y niega que se haya ejercido sobre los mismos "presiones o injerencias".

Desestima la petición de Ecologistas en Acción, a la que se había adherido la acusación que ejerce Emerita, la empresa denunciante, porque no advierte "ninguna situación objetiva de riesgo inminente".

Un miembro de la comisión técnica afirma que no hubo ningún "error palmario" en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.