El Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado el contrato para afrontar la retirada de los 150 vehículos que se encuentran almacenados en el depósito de la Jefatura de la Policía Local desde 2020, lo que ha motivado la apertura de un expediente sancionador por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, que considera que el Consistorio isleño ha cometido dos infracciones muy graves. 

Entre las medidas cautelares que desde la Junta se han reclamado al Ayuntamiento se incluye la retirada inmediata de dichos vehículos, que se consideran como residuos peligrosos. 

De ahí la tramitación urgente del contrato menor que se ha llevado a cabo en los últimos días para el servicio de retirada, tratamiento, descontaminación y tramitación de baja administrativa de vehículos al final de su vida útil en el municipio de San Fernando, que se ha adjudicado por un un precio de unitario a abonar a la administración local de 160 euros por turismo, sin que dicho contrato reporte gasto alguno al Ayuntamiento.  

"La posterior comercialización de estos elementos por parte de la adjudicataria representa unbeneficio económico para ésta, que supera el coste que supone la prestación del servicio contratado,por lo que procede el establecimiento de una contraprestación por la diferencia, a abonar por laempresa adjudicataria al Ayuntamiento. Así, por cada vehículo turismo la adjudicataria deberá abonaral Ayuntamiento el precio unitario ofertado", se especifica en el decreto de adjudicación, que tiene fecha del pasado viernes. 

El plazo de ejecución que se establece en el contrato es de un mes a contar a partir de la notificación de la adjudicación, así que se prevé que los vehículos sean retirados antes de que acabe abril. 

La sanción propuesta por la Delegación Territorial de Medio Ambiente al Ayuntamiento isleño en el inicio del expediente sancionador asciende a un total de 900.509 euros ya que considera que ha cometido dos infracciones muy graves. 

Lo ocurrido, que ha sido denunciado tanto por colectivos sindicales como el CSIF como por partidos políticos de la oposición, se debe que el contrato vigente para afrontar la retirada y el tratamiento autorizado para la eliminación de los vehículos retirados de la vía pública por abandono expiró en el pasado año 2020 sin que el Ayuntamiento isleño hubiese licitado un nuevo contrato. 

El contrato que ahora se ha adjudicado, de hecho, responde a la ejecución de la medida cautelar ordenada por medio ambiente que permitirá retirar los vehículos acumulados en estos años aunque la prestación del servicio de forma continuada en el futuro requerirá de otro contrato.