Las relaciones entre España y Estados Unidos son "fluidas" y en Washington conocen la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de implementar una tasa a determinados servicios digitales que "de ninguna manera tendría que repercutir a los usuarios".

Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la conocida como tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras (la tasa Tobin) y la derogación del despido por bajas médicas continuadas.

Junto a la Tobin, la tasa Google pretendía ponerse en práctica la pasada legislatura pero se quedó en el cajón por el adelanto electoral. Con este impuesto a los servicios digitales se previó en su momento ingresar 1.200 millones de euros, una cifra que ahora se ha rebajado a 968 millones, debido según Montero a la ralentización de la economía y a la experiencia de otros países que ya lo han implementado.

El proyecto de ley contempla modificar la tasa una vez se haya alcanzado un acuerdo internacional en la OCDE y el G20. Un acuerdo que reforzaría la posición de España y de otros países que han adoptado medidas similares, como Francia, frente a las veladas amenazas de la Administración Trump de castigar con aranceles a quienes graven la actividad de las grandes multinacionales tecnológicas, la mayoría de ellas con sede en Estados Unidos.

El Gobierno español ha circunscrito la guerra arancelaria a las ayudas europeas a Airbus, pero por lo pronto ha decidido, siguiendo a Francia, que el impuesto, aunque se liquidará de forma trimestral, este año no se abonará hasta el 20 de diciembre. De paso, ha explicado Montero, se da más tiempo a las empresas para que se adapten y a los legisladores de los distintos países a que se determine si las empresas tienen que tributar donde tienen su sede fiscal o donde generan los ingresos y beneficios objeto de esta tasa.

Ingresos de las grandes tecnológicas

¿Cómo afectará a los usuarios?

Con (demasiada) frecuencia los usuarios acaban viéndose afectados en todo cambio en la regulación y pagando las novedades fiscales. María Jesús Montero, a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "no tiene por qué repercutir en ningún tipo de servicio final" y en que "de ninguna manera tendría que repercutir en el usuario final", para después sostener que esta tasa es un paso más hacia un sistema tributario "más justo, más progresivo y equitativo".

Y, como cada vez que se anuncia una subida impositiva, de la naturaleza que sea, ha defendido que los impuestos son "absolutamente necesarios", que están basados en el principio "rector" por el que "cada uno aporta según su capacidad y recibe según su necesidad" y que son esenciales para el sostenimiento de los servicios públicos.

¿Qué gravará la tasa Google?

Conocida como tasa Google o, en otros países, GAFA (por Google, Amazon, Facebook y Apple), en España su nombre oficial es Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y afectará a aquellas empresas que tengan unos ingresos anuales totales de al menos 750 millones de euros y que ingresen en España más de tres millones. Ello garantiza, según Montero, que no haya discriminación en función de nacionalidad o del tipo de empresa, que las pymes queden exentas y el sector de las start-ups, protegido.

En línea con lo propuesto en su día por la Comisión Europea, el impuesto gravará con el 3% los servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

¿Cómo se traducirá esto al consumidor? No está claro, porque el lenguaje es lo suficientemente ambiguo para que su alcance sea tan amplio o tan restrictivo como determine más adelante el camino parlamentario de la norma y el reglamento que la desarrolle.

La parte de la venta de datos parece claro que afectará a las empresas que se dedican a ese negocio y que el apartado de la publicidad en línea concierne a las agencias de publicidad y a los medios que cuentan con esa publicidad como fuente clave de ingresos.

Lo más incierto parece ser lo de los servicios de intermediación en línea, un paraguas en el que podría caber casi de todo y que podría hacer que muchos usuarios quizás tengan que pagar, o hacerlo más de lo que lo hacen ahora, por cosas por las que ahora pagan poco o incluso nada.

Lo que no gravará la tasa Google

Excluidas de este impuesto quedarán la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario (otro ejemplo de lenguaje intencionadamente ambiguo), además de determinados servicios financieros.

También quedarán fuera las prestaciones digitales entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.

Aunque no se han incluido los derivados, Montero ha explicado que eso "no significa que en el futuro, en el ámbito de la cooperación reforzada, se avance" en esa línea.

¿Cuánto se recaudará realmente?

En su día el Gobierno calculó que ingresaría por este concepto 1.200 millones de euros, una cifra que entonces la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó hasta entre 546 y 968 millones de euros. Ahora el Ejecutivo ha establecido sus previsiones precisamente en 968 millones de euros, aunque la AIReF aún no ha revisado el dato en la coyuntura actual. Es de suponer que lo hará a la baja.