Como sucede en muchos hogares españoles, las familias en las que algún miembro presenta una discapacidad tienen problemas para llegar a final de mes. Este colectivo tiene especiales dificultades para el acceso al empleo y, además, sus gastos habituales se disparan como consecuencia de la discapacidad. La factura de la luz es uno de los capítulos del presupuesto doméstico al que más dinero deben dedicar muchas de estas personas, que, en ocasiones, necesitan la electricidad para equipos de respiración asistida o tecnologías facilitadoras de la movilidad.

La condición de persona con discapacidad es una de las circunstancias especiales que te permite ser considerado consumidor vulnerable. Para la acreditación de las circunstancias especiales, según el Real Decreto 897/2017 y posterior Real Decreto-Ley 15/2018, la persona interesada deberá solicitar a los Servicios Sociales un certificado que acredite que cumple dichas circunstancias. Esto supone una traba administrativa que genera mucha confusión.

El Servicio Jurídico se ha hecho cargo de manera gratuita para distintas familias

En Andalucía la competencia para valorar el grado de discapacidad la tiene el Centro de Valoración y Orientación, dependiente de las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, no los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, así que, cuando las personas solicitan el bono social, aportan el certificado del grado de discapacidad para acreditar su situación. Las compañías eléctricas lo rechazan alegando que en el Real Decreto 897/2017 se exige que sea un certificado emitido por los servicios sociales. Debería ser suficiente la presentación del Certificado de Discapacidad emitido por el órgano competente, sin necesidad de incrementar la burocracia pidiendo el certificado de los Servicios Sociales Comunitarios. Si se aporta la información económica y el certificado de discapacidad queda suficientemente acreditado, si cumple o no los requisitos establecidos en el Real Decreto.

En este contexto, la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente quiere denunciar públicamente los obstáculos que se están poniendo a muchas personas con discapacidad para solicitar el Bono Social.

El Bono Social es una medida que da derecho a descuentos en la factura de la luz de entre un 25% y un 40%. A la falta de seguridad económica de muchas familias en las que alguno de sus integrantes presenta discapacidad, se une la dificultad para hacer frente a la cumplimentación de unos trámites de considerable complejidad.

El Servicio Jurídico de la Asociación El Saliente se ha hecho cargo de manera gratuita de los casos de familias que han visto sus derechos vulnerados con esta estrategia de dificultar la tramitación de las solicitudes.