La portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Andaluz, Julia Ibáñez, ha defendido hoy una Proposición No de Ley que ha sido aprobada por mayoría, a pesar del voto en contra del PSOE, y en la que se solicita al Gobierno de España la modificación del Código Penal tras la problemática, cada vez mayor, de las interrupciones constantes en el suministro eléctrico a vecinos, por manipulación ilegal de los contadores, vinculado a la profesionalización del fraude eléctrico por parte de organizaciones criminales.

Julia Ibáñez ha denunciado el incremento de plantaciones de cultivo ilegales de marihuana en toda España, situación que también se produce en Andalucía y en la provincia de Almería donde los fraudes eléctricos se han incrementado un 14% en 2023, mientras que los vinculados al cultivo de marihuana se elevaron en un 90%, según datos de la empresa distribuidora, lo que supone 49 fraudes a la semana.

La situación es preocupante en toda Andalucía, por ello la parlamentaria del PP ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a ponerse a trabajar. “Menos descansos, menos reflexiones y más gestión y más legislar en esta materia con el fin de frenar el fraude eléctrico originado por el gran consumo de luz que necesitan estos cultivos, ya que el consumo medio defraudado de estas plantaciones ilegales es igual al que pueden consumir 80 viviendas”, ha indicado. En este sentido, Julia Ibáñez ha explicado que estas manipulaciones ilegales de los contadores para que las plantaciones de marihuana sean rentables provocan daños en las estructuras de los edificios, sobrecargas en la red que dan lugar a interrupciones de suministro que afectan a los vecinos de la zona que pagan religiosamente sus recibos y que tienen sus contratos en regla, incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados.

En su intervención en la Comisión de Industria, Energía y Minas, la portavoz popular ha recordado también cómo desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha reclamado una normativa “contundente” contra el auge del fraude eléctrico relacionado con las plantaciones ilegales que “desincentive” este fraude, tanto desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista penal.

“No podemos olvidar que la energía defraudada en plena crisis energética supone un incremento del precio del kWh para los consumidores, ya que los fraudes no suponen coste para la compañía, pero sí para los consumidores con contrato en vigor que son los que soportan el coste de este fraude que provoca un incremento anual de la factura eléctrica en España, el año pasado de 150 millones de euros según datos de las distribuidoras y de la CNMC”, ha advertido.

Penalizar con cárcel el fraude eléctrico

Julia Ibáñez ha subrayado que España es el único país de los de su entorno y tamaño que no penaliza con prisión o cárcel el fraude eléctrico, por tanto “el escaso o bajo nivel de las sanciones compensa a los defraudadores en caso de ser descubiertos ya que está penalizado con multas de 3 a 12 meses y si es atenuada de entre 1 y 3 meses, mientras que en países como Francia, Portugal, Italia o Alemania sí se toman en serio la lucha contra el fraude eléctrico y algunos penalizan con hasta 10 años si es una pena agravada por reincidencia del delito”.

La portavoz de Energía del Partido Popular ha recordado que frente a la desidia del Gobierno de España el Ejecutivo Andaluz que preside Juanma Moreno cumple con responsabilidad todas las obligaciones que le competen en este ámbito como son “supervisar y vigilar que las empresas distribuidoras cumplan garantizando la calidad del suministro y las inversiones comprometidas a través de los Planes Generales de Inspección, Planes de Inversión, o Planes de Emergencia”.

Por último, ha pedido al Subdelegado del Gobierno en Almería que no mire hacia otro lado y convoque cuanto antes la Comisión de Lucha contra los Cortes de Luz y Fraude Eléctrico, de la que forman parte Ayuntamiento, Junta, Subdelegación del Gobierno y la empresa distribuidora, para que asuma las competencias que le corresponden ante esta problemática de cortes de luz recurrentes por manipulaciones o conexiones ilegales del cultivo de marihuana, con el fin de reforzar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tal y como solicitan algunos Ayuntamientos para luchar contra el fraude eléctrico; y se pida al Gobierno de España que cree unidades específicas para combatir este tipo de delitos en aquellas zonas vulnerables, como así se lo han reclamado desde el Ayuntamiento de la capital y de otros municipios afectados.