El Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria de los complejos deportivos Rafael Florido, Jairo Ruiz y José Antonio Segura del barrio de Araceli se enfrentan en los tribunales por las estipulaciones de la rescisión del contrato de gestión de estas instalaciones, que sufren todavía el impacto que la pandemia y la subida de los costes energéticos tuvo sobre los balances económicos de Supera (Sidecu).

La situación de estos tres complejos, así como el estado en general de las pistas deportivas dependientes del Ayuntamiento, han vuelto a ser objeto de debate en la sesión plenaria de carácter ordinario celebrada esta mañana. Son ya varios años de múltiples deficiencias denunciadas por los usuarios y de un expediente para resolver el contrato con Supera, empresa a la que el pasado año el Consistorio impuso una sanción de 19.204 euros por “abandono” de las instalaciones.

Un conflicto éste sobre al que el equipo de gobierno poco le gusta ahondar, si bien el Grupo Municipal Socialista ha presentado a este Pleno una moción mediante la que su portavoz, Adriana Valverde, ha solicitado un diagnóstico del estado actual de las infraestructuras deportivas municipales y un plan de inversiones y mantenimiento con el que “garantizar un servicio de calidad a las miles de personas que las utilizan”, a raíz de las goteras que el pasado mes presentaba el Rafael Florido y que justo en la tarde de hoy han vuelto a aflorar obligando a la suspensión de los partidos. 

En su respuesta, el concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro Andújar, ha desvelado la situación judicial que atraviesan los citados centros, así como las “infinitas” llamadas realizadas a los responsables de la concesionaria al objeto de que los mantengan “en las mejores condiciones mientras se celebra el juicio” ante un concesionaria que, empleando las palabras del edil del PP, “se apaga”.

“Es verdad que las instalaciones necesitan mejoras”, ha reconocido el concejal, si bien el voto del Partido Popular a la moción del PSOE ha sido en contra, afeando, además a la oposición, una visión negativa y “catastrofista” del conjunto de las acciones que, en materia deportiva, lleva a cabo el Ayuntamiento.

El representante del PP ha defendido la gestión municipal, tanto en el mantenimiento como en la dotación de instalaciones. Respecto al mantenimiento ha insistido en que “el Ayuntamiento no puede intervenir en aquellas instalaciones concesionadas, salvo aquellas actuaciones que consideremos obligatorias porque afecten a la seguridad de las personas, como ya –quiso puntualizar– hicimos con la fachada del Jairo Ruiz”.

Admitiendo los problemas que existen con la concesionaria Supera, el concejal de Deportes ha incidido en la actuación municipal “reclamando y sancionando los incumplimientos en materia de mantenimiento”.

Así explicaba ante otras críticas como las recibidas desde Podemos por el “estado deplorable de los centros debido a su privatización”, que “con el sistema de incidencias y el trabajo diario, conocemos exactamente los problemas de las instalaciones, y trabajamos para solucionarlas al ritmo más rápido que nos es posible, con los medios de los que disponemos. Que existan deficiencias no responde a que desconozcamos el estado de las instalaciones, sino a la capacidad de reparación que tenemos actualmente”, ha justificado Casimiro, aportando también cifras.

Estima un gasto por parte del Patronato de Deportes en tareas de mantenimiento de más de 500.000 euros a lo largo del año pasado y ha adelantado que “el Ayuntamiento está actualmente en pleno proceso de adjudicación de contratos de mantenimiento con los que atender cualquier necesidad que surja en las instalaciones municipales”, contratos que suman un montante total de más de un millón de euros.

Esta inversión permitirá “un mantenimiento preventivo y también correctivo de aquellas instalaciones municipales que así lo precisen”, ha abundado.