El 29 de marzo de 2019, los británicos asentados en cualquier rincón de la Unión Europea pasarán a ser extracomunitarios. Es el día fijado para ejecutar el Brexit. Y eso conllevará una perdida de derechos sociales. Dejarán de participar en la vida política y verían casi anulada su atención sanitaria. En Almería, este proceso afectaría a más de 14.000 ciudadanos de origen. Ni podrán votar ni ser votados y se pone en jaque su atención sanitaria, por ejemplo. Es más, se puede dar la posibilidad de que un británico que lleve más de 15 años fuera de su país no tenga derecho a voto ni en Inglaterra (por ejemplo), ni en España. En definitiva, no podrá votar en ningún país. Existen municipios donde prácticamente son mayoría, caso de Bédar, Partaloa o Arboleas. En ellos, la vida social y política depende en buena manera del colectivo, al igual que en otros como Los Gallardos, Albanchez, Zurgena o Mojácar. De hecho, hay más de una decena de concejales británicos repartidos entre los municipios almerienses.

El Brexit no solo indigna a los británicos asentados en España, toca también de cerca a sus vecinos españoles. "Hacen colectas para donar a colegios, contribuyen con sus impuestos a una cuarta parte del presupuesto municipal, más de 400.000 euros por los años de retroactividad que se les aplicó sobre el IBI, siempre colaboran y han generado muchísima riqueza y bienestar. No hay que aprovecharse de ellos, hay que demostrarse que son unos ciudadanos más. Son parte de nuestro pueblo. Tienen sus negocios montados, sus bares, sus restaurantes y son nuestros vecinos y nuestros amigos", explica Luis Díaz, alcalde de Zurgena, un municipio en el que con una población británica de casi 1.000 personas (de 2.800) se creó en 2013 una oficina municipal (Help Desk) en la que dar respuesta a sus necesidades (también a las de otros extranjeros).

En Zurgena existe una oficina de atención, con traductor, especial para el colectivo extranjero

Zurgena tiene a James Rintoul Fenton Simpson, concejal desde hace 10 años y en la actualidad segundo teniente alcalde del equipo de Gobierno de Luis Díaz. Él les tiene informados de los pasos y las negociaciones del Brexit e intenta tranquilizarles, espera que finalmente se respeten los derechos, pero si el resultado es el opuesto, el alcalde lo tiene claro: "El equipo de Gobierno va a respetar todos los derechos que le pertenezcan al colectivo británico sea cual sea el resultado del Brexit".

Pero se le puede poner remedio. Desde la Unión Europea se está trabajando para que, aún con un Reino Unido fuera de sus fronteras, sus ciudadanos repartidos por Europa no se vean obligados a regresar en contra de su voluntad. De hecho, se ha creado una comisión específica para el diálogo. Pero nada de esto podrá ejecutarse en caso de la aplicación del Brexit. Pasarán a un nivel inferior, como el resto de extracomunitarios.

Habrá que esperar. El proceso y las negociaciones están en marcha. Carmen Navarro, diputada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, explica que primero habrá que espera al resultado de la negociación conjunta de la UE con Reino Unido. De no producirse acuerdos favorables para la ciudadanía, se trataría de ejecutar una prórroga para mantener serie de derechos y en caso de que nada de esto fuera posible, el Partido Popular dialogaría con el Reino Unido para llegar a un acuerdo bilateral en el que mantener los derechos de los británicos en España.

"El tema del Brexit es tan frío que trae consigo un efecto dominó y al final pagan las consecuencias las personas que nada tienen que ver con todo eso. El país que más británicos tiene es España y queremos que la gente que esté se quede. Son españoles y almerienses más", explica.

"El objetivo del PP es llegar al acuerdo de máximos, no tenemos la culpa de que hayan decidido salir de la UE, no queremos deshacernos de los británicos, todo lo contrario. En Almería hay pueblos que sin los británicos estarían deshabitados. Hay que agradecerles que hayan decidido instalarse en estos municipios", agrega la diputada almeriense.

Gerardo Vázquez nació en el Reino Unido. Allí ha vivido una buena parte de su vida. Aún conserva el característico acento. En la actualidad desarrolla parte de su trabajo como abogado de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (Auan). "Es posible problema grave. Hay municipios donde la mayoría de los residentes son británicos. Si estos no pueden votar ni tener representación en el Ayuntamiento, hay riesgo de que sean ciudadanos de segunda y eso no es bueno para la integración en la sociedad española. Tienen preocupaciones, derechos y obligaciones pero sin representación. No lo entendería".

Aunque claro, para Gerardo, el voto no es el único derecho a tener en cuenta, entiende que hay preocupaciones abarcan un abanico más que amplio: "Los británicos están muy preocupados por su posibilidad de recibir asistencia sanitaria en España. Son gente mayor que viene aquí tras jubilarse y a esas edades necesitan atención médica".

En la misma línea se sitúa Cristóbal García, alcalde de Arboleas, un municipio en el que la población está formada por un 67% de extranjeros, y de estos, un 57% son británicos. García entiende que la preocupación estaría en la conservación a los derechos como los de sanidad o servicios sociales. "Lo de votar o no estaría en un segundo orden porque siempre se buscarían canales de colaboración". Cristóbal precisa que es bueno que estén presentes en el Ayuntamiento y lo van a estar de una forma o de otra, si no por al forma de votos, buscaríamos la vía de una colaboración para tenerlos en comisiones paralelas para transmitir y recibir información.

Mientras tanto, el ministro de Reino Unido para el Brexit, David Davis, asegura que hay "una alta probabilidad" de llegar a un acuerdo con la Unión Europea para abandonar la organización regional. "Creo que hay una alta probabilidad", dice Davis ante una comisión parlamentaria, interrogado acerca del pacto sobre el Brexit.

Reino Unido dejará de ser miembro de la UE el 29 de marzo de 2019, justo dos años después de que notificara su salida al bloque comunitario. Londres y Bruselas tienen hasta entonces para negociar las condiciones de divorcio. Si no logran llegar a un acuerdo, la ruptura se producirá automáticamente.