La polémica Ciudad Digital vuelve por segunda vez a los juzgados después de que el Grupo Municipal Socialista haya presentado formalmente el recurso contencioso administrativo contra la decisión del equipo de Gobierno de pagar a la empresa concesionaria Telvent-Abengoa una primera factura por importe de 2,7 millones de euros.

El recurso, pendiente de asignación a uno de los dos juzgados de Almería de lo contencioso administrativo, ha sido registrado hace escasos días, aunque los concejales socialistas llevan advirtiendo de este paso desde hace más de medio año. La primera muestra de la decisión de adoptar medidas legales en contra del pago de la factura fue dada con la presentación, en noviembre de 2007, de un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Almería contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, reunida el 29 de octubre, de abonarle a Telvent 2,7 millones de euros.

Aunque todavía hoy el ingreso no se ha hecho efectivo, el equipo de Gobierno no tuvo en consideración el principal argumento de la oposición sobre la inconveniencia alegada de dar este paso. Existe una sentencia del juez Jesús Rivera anterior que anula la concesión de la Ciudad Digital a Telvent por no haber convocado un concurso público para ello y que los servicios jurídicos municipales recurrieron.

A juicio de los socialistas, pagar sin que aún el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se haya pronunciado sobre la sentencia de Rivera es una "temeridad" y el abono de 2,7 millones de euros "lesivo para los intereses públicos y contraria a derecho".

El recurso contencioso administrativo ahora presentado es en contra tanto de la decisión gubernamental de octubre de 2007 de pagar, como de la postura adoptada por el equipo de Gobierno de desestimar el recurso de reposición mediante el silencio administrativo.

El Grupo Municipal Socialista respalda con otros argumentos su decisión de denunciar la Ciudad Digital ante los tribunales de Justicia. En primer lugar, la falta de fiscalización por parte del interventor municipal, que no se pronunció acerca de la factura. En segundo lugar, la inclusión en los presupuestos de 2008 de los 2,7 millones de euros para hacer frente a este recibo, cuando el mismo fue presentado por la empresa concesionaria en 2007. El PSOE puntualiza que el pago de la factura fue aprobado por la Junta de Gobierno el año pasado, cuando no había consignación presupuestaria que lo respaldara.