La Plataforma Solar de Almería languidece. Lo dicen sus investigadores y las empresas e instituciones con las que trabajan. La normativa que impuso Hacienda hace dos años le impide disponer de sus fondos como anteriormente. Se los fiscaliza previamente y, para más inri, desde inicios de año le retiene un 50% de sus cuentas porque al no haber acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Una odisea que la Plataforma está cansada de denunciar. En la actualidad tiene prácticamente paralizados una decena de proyectos y le han bloqueado seis millones de euros, la cantidad supone prácticamente todo lo conseguido en 2016 y 2017 en proyectos de investigación. Representa la inmensa mayoría de los fondos de ID que la PSA podría estar ejecutando. Además, solo se han convocado cuatro plazas de las 17 necesarias, y de eso hace ya más de tres meses. Por el camino se han dejado de renovar a 14 empleados y en breve se perderán otros tantos. Y no es porque la Plataforma no disponga de fondos, que los tiene, simplemente no los puede utilizar.

El PSOE, a través de sus diputados nacionales Sonia Ferrer y Juan Jiménez, formularon una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno responda sobre el futuro de un considerado estratégico por la Unión Europea y que es el mayor centro de investigación de energía termosolar de Europa. La respuesta ha sido rotunda, en resumen, no habrá salvo conductos, ningún privilegio. La afirmación del investigador Sixto Malato, quien tuvo que presentar su dimisión como director de la central, también es rotunda: ""Si las normas no vuelven a algo similar a 2015, la PSA no es viable. Después de Semana Santa nos estamos planteando una rueda de prensa. Ya como ultimo recurso. Nosotros ya no podemos hacer mucho mas que mostrar lo que ocurre. La solución debe venir de los que tienen la herramienta de las leyes".

La respuesta ofrecida a los socialistas es la siguiente: "En relación con las preguntas de referencia, cabe informar a Sus Señorías que la

Plataforma Solar de Almería (PSA) es una división del Departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Organismo Público de Investigación (OPI) que depende de la Administración General del Estado (AGE). La normativa que afecta a la PSA es, por tanto, la misma que afecta a otras divisiones y departamentos del CIEMAT. En este sentido, no existe, lógicamente, ninguna normativa que pueda exceptuar exclusivamente a la PSA, sino que cualquier modificación normativa afectará a todo el organismo".

La Orden Ministerial HAP/1169/2016 reguló las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas a la contabilidad del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias en la AGE, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y los Organismos Públicos a los que se refiere el artículo 1 e) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales para el año 2016. "Por tanto, dicha orden sólo tuvo efecto en el año 2016 y supuso un cierre singular anticipado en julio de dicho año, produciendo un impacto negativo al reducir el periodo de ejecución del presupuesto. En el 2017, la Orden HAP/1587/2017, de 24 de octubre, contempla el habitual orden de cierre del ejercicio", reponden desde la Secretaría General del Congreso.

Aun así, el Gobierno expresa que existe una negociación del CIEMAT, a través del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con el fin exceptuar de la Fiscalización previa a aquellas operaciones que se ejecutan contra fondos obtenidos a nivel nacional e internacional, procedentes de procesos de concurrencia competitiva o de contratos con empresas. Algo que en cierta medida ayudaría en parte a la Plataforma. Pero podría llevar a cabo... o no.

Otra de las preguntas formuladas por el PSOE es relativa a los motivos por el que el CIEMAT renuncia al contrato de Servicios de operación de la Plataforma Solar de Almería para la ejecución de los planes de ensayo por u valor de más de 2,5 millones de euros. La respuesta es que ante este inconveniente, se procedió a tramitar un procedimiento de emergencia mientras se llevaba a cabo el expediente ordinario por procedimiento abierto (cuya duración prevista sería de dos años inicialmente más otros dos de posible prórroga).

Finalmente, contestan, "cabe indicar que una vez iniciado el ejercicio 2018, ya estuvo disponible el crédito presupuestario correspondiente en su totalidad, por lo que se pudo tramitar el procedimiento de emergencia para el contrato del Servicio de Operación de la PSA y comenzar la tramitación del contrato ordinario correspondiente a dicho servicio, por procedimiento abierto".