Las numerosas protestas de los vecinos de El Puche pueden haber dado resultado. De momento, las promesas las tienen, por eso quieren que los ofrecimientos de las administraciones se firmen sobre papel y piden una fecha inmediata para comenzar a trabajar. La recién surgida Asociación de El Puche se ha sentado ya con el Subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca y el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta, Antonio Martínez. Ha encontrado colaboración con ambos dirigentes y se ha acordado, de forma verbal, la creación de una mesa de coordinación para poner fin a los muchos males que asolan al barrio y que van desde una deficiente limpieza, pasando por falta de luz -ya sea por desidia municipal o enganches- a desalojos continuados a familias incluso con hijos menores de edad (incumpliendo la condena de Naciones Unidas).

Aun así, los vecinos aún no han tenido la posibilidad de sentarse con una parte crucial en todo este proceso. Nadie del Ayuntamiento de la capital les ha escuchado a pesar de haber solicitado reuniones. De ellos dependen que las calles estén limpias o que haya puntos de luz en estas. Y, verdaderamente, todo eso brilla por su ausencia en la actualidad.

La Junta de Andalucía ha anunciado por activa y por pasiva que debe hacer cumplir la legalidad con respecto a las viviendas sociales ocupadas de forma ilegalmente, independientemente de que sus inquilinos hayan sido estafados adquiriéndolas. "La Junta de Andalucía no puede permitir que familias que respetan los causes establecidos se vean perjudicados por otros que al margen de la Ley lo hace. Encima con un mercado negro detrás. Tenemos que trabajar en un listado de demandantes de vivienda.", explicaba en su momento Antonio Martínez, actual delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, argumentando que "lo que hace la Consejería es cumplir con la legalidad y velar por quienes respetan la Ley en los procesos de adjudicación de viviendas. Tenemos que ser responsables en el ejercicio de nuestras competencias".

El barrio tiene en la actualidad una decena expedientes abiertos por ocupación ilegal, por lo que siguiendo la normativa vigente se debería proceder a su desalojo en próximas fechas, y medio centenar más por mal uso o no ocupación de las casas por quien la tienen adjudicadas.