12 Diciembre, 2017 - 02:36h
Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que presidirán el juicio.
Los abogados abrazan la orden del Ministerio de 1995
Las defensas de los imputados en los ERE han incorporado en los últimos tiempos un nuevo argumento para sostener que la concesión de las ayudas directas por parte de la Junta tenía su amparo legal y, en concreto, el mismo marco legal que durante una década y también en la actualidad ha venido empleando el Ministerio de Empleo del Gobierno central para conceder ayudas similares. De hecho, el abogado del ex presidente Griñán ha planteado al tribunal de los ERE que reclame al juzgado el informe elaborado por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre las 220 ayudas concedidas en el periodo 2001-2011 por este organismo, así como las declaraciones de las dos ex altos cargos de ese Ministerio que han declarado como investigadas en la pieza de las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva. Esta documentación, consideran, tiene "mucha relevancia para la defensa" de Griñán y de los otros acusados. El Estado dio esas ayudas amparándose en la orden ministerial de 1995, que "no contemplaba la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas".
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