El País Vasco es una de las comunidades autónomas que registra una diferencia mayor entre lo que sus ciudadanos aportan a la Seguridad Social y lo que reciben por sus pensiones de jubilación y otras como las de invalidez, orfandad o incapacidad temporal. A pesar de que el PNV y el PSOE tienen abierta una negociación para el traspaso de esta competencia, Euskadi genera un déficit por habitante de 1.688 euros al año. El de Andalucía es de 481 euros, y sólo Madrid y Baleares podrían financiar por sí mismas una Seguridad Social propia. 

La caja única de las pensiones es uno de los elementos que mejor definen la cohesión social en España. La Tesorería de la Seguridad Social no está compartimentada por comunidades autónomas, aunque algunas de ellas reclaman la gestión, el pago y cierta capacidad legislativa. Las llamadas comunidades forales, País Vasco y Navarra, también se encuentran dentro. Sin embargo, desde la crisis económica el Gobierno tiene que financiar parte de modelo porque es deficitario, pero el desequilibrio es mucho mayor en el caso vasco, a pesar de que el PNV viene solicitando el traspaso de esta competencia desde los años ochenta. 

Las tablas que ha publicado el Ministerio de Hacienda para calcular las llamadas balanzas fiscales sirven para otras perspectivas distintas a la que defienden los partidos nacionalistas, que utilizan estos balances para denunciar un falso perfil extractivo del Estado español. Fue el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán quien solicitó que, de confeccionarse estas balanzas, debían incluir también los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Los datos que se han conocido ahora, que son relativos a 2021, indican que el País Vasco y Castilla y León serían las dos comunidades con más problemas para autofinanciarse en esta materia. Como en el caso castellano, también Asturias arrastra un gran déficit debido al envejecimiento de su población.

No obstante, hay que tener en cuenta que la caja única en España viene siendo deficitaria, lo que obliga al Gobierno a inyectar dinero todos los años para evitar la quiebra. El déficit actual es del 0,5% del PIB, tres veces menor al de 2017, y es posible que la Seguridad Social recupere el equilibrio en el plazo de dos años, aunque la jubilación de la generación del baby boom generará mayores gastos.

Andalucía generó un déficit de 4.145 millones de euros en 2021, el segundo mayor del país, después del catalán, que llegó a los 4.370 millones de euros. Expresada estas cantidades por el número de habitantes del territorio, el andaluz es de 481 euros, mientras que el de Cataluña fue de 579 euros. Ambas muy lejos de lo que ocurre en el País Vasco y Castilla y León, cuyas cifras triplican las anteriores.

Sólo Madrid y Baleares y, en menor medida, las ciudades de Ceuta y Melilla registran superávits. Como en el caso del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), Madrid es la que más aporta al modelo común. En el SFA no participan las comunidades forales, ya que se financian con la recaudación cedida de los impuestos a través de los conciertos. Cataluña sí es una contribuyente neta al sistema autonómico, pero ésta es una posición que se debilitaría bastante si se tuviese también en cuenta los balances de la Seguridad Social.

El PNV viene solicitando el traspaso de la Seguridad Social desde la década de los ochenta, cuando se aprobó su Estatuto de autonomía. Como consecuencia de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno se comprometió a la cesión en el plazo de dos años a partir del momento de la firma, el 10 de noviembre de 2023. El Ministerio de Hacienda sostiene que sólo traspasará la gestión, no la caja única, pero existen muchas dificultades para ejecutar esa desagregación. De hecho, no es la primera vez que se inicia una negociación que a la postre termina en nada.

Cataluña y Andalucía también contemplan en sus estatutos la gestión de la Seguridad Social como una competencia posible, aunque en el caso andaluz se matiza que se realizará "con pleno respeto al principio de unidad de caja".