Andalucía

El número dos de Montoro declarará ante el juez por falsedad y prevaricación

  • El juzgado cita a Fernández de Moya por pagos a una empresa en su etapa como alcalde de Jaén

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. / Ángeles Visdómine / efe

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, tendrá que declarar como investigad por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. El ex alcalde de Jaén acudirá el próximo 5 de junio al Juzgado de Instrucción 2 de la capital jiennense, donde fue incoada la querella impuesta por el grupo socialista en el Consistorio de Jaén.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además de Fernández de Moya hay otros tres investigados en la causa. Los hechos aluden a la etapa del número dos del Ministerio de Hacienda como alcalde de Jaén, entre junio de 2011 y noviembre de 2015, cuando presuntamente ordenó en contra de los informes del interventor varios pagos a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.

El PSOE denunció que se inflaron facturas de mantenimiento de fuentes ornamentales

Las diligencias previas indican que supuestamente se facturaban de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa, lo que supuso un coste para el Ayuntamiento superior a los 3,6 millones de euros.

Durante la investigación se ha recabado documentación del Ayuntamiento de Jaén, de la Agencia Tributaria y un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Este jueves declararán cinco personas en calidad de testigos, entre ellos el actual interventor del Ayuntamiento de Jaén.

El propio Fernández de Moya, recordó que su citación en el juzgado parte de una denuncia promovida por el PSOE idéntica a otra formulada en 2014 y que fue archivada por la Fiscalía. El número dos de Montoro lo explicó en la localidad almeriense de Adra, donde explicó que por el momento no ha recibido ninguna notificación o citación oficial por parte de la autoridad judicial. El ex alcalde de Jaén recordó además que, en el contexto de la anterior denuncia, la Fiscalía dijo que "actuó siempre y en todo momento con el principio de legalidad en la mano".

El secretario de Estado de hacienda insistió en que el Ministerio Público archivó la causa "idéntica" en abril de 2014. "Sería bueno que se recordaran los antecedentes de esta causa, que ponían en valor un elemento extraordinariamente importante", añadió. También aludió a un informe del secretario general del Ayuntamiento de Jaén que establecía "claramente la plena validez" de su actuación, así como el emitido por el letrado jefe de los servicios jurídicos del Consistorio.

"A esos hechos me remito y una vez reciba la citación oficial por parte del juzgado competente estaré a su disposición para dar todas las explicaciones oportunas", reiteró Fernández de Moya antes de afirmar que "nadie va a destruir" su integridad personal.

Sin embargo, las reacciones negativas se suceden desde todo el espectro político -a excepción del PP-, tanto a nivel autonómico como estatal. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, puso el foco en el Presupuestos Generales del Estado, que depende de Fernández de Moya. Según la dirigente socialista, la investigación "resta credibilidad" al proyecto de cuentas que se debate estos días en la Cámara Baja.

También desde el Congreso se pronunciaron ayer los socios del PP en la elaboración de los Presupuestos. El diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre pidió la comparecencia de Fernández de Moya en la Comisión de Presupuestos para que de "explicaciones urgentes ante la opinión pública y en sede parlamentaria, dada la gravedad de los hechos".

A nivel regional, fue el vicesecretario de sectores productivos del PP andaluz, Pablo Venzal, quien echó un capote a su compañero de filas al mostrar "plena confianza" en que el trabajo de Fernández de Moya fue acorde a la legalidad. El PSOE andaluz, por su parte, pidió explicaciones a Juanma Moreno, mientas que el Gobierno autonómico se abstuvo de hacer valoraciones.

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