Las preocupaciones en el mundo económico y empresarial por la crisis política en Cataluña va a más al no percibirse signos positivos para resolver la delicada situación. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, indicó ayer que las empresas que se han ido de Cataluña representan el 30% del empleo, una tercera parte del trabajo de la región sin contar a los autónomos, y señaló que este ritmo "no se puede mantener".

Rosell, en declaraciones a Antena 3, apuntó que más de 1.500 empresas ya han trasladado su sede social fuera de Cataluña, y añadió que las "más importantes ya se han ido". "Hay 900 empresas por encima de 250 trabajadores, ésas representan alrededor del 40% del empleo. Las que se han ido, representan el 30% del trabajo", agregó.

Es difícil comentar lo que ocurre en Cataluña porque la situación cambia todos los días"

El líder de la patronal indicó que los empleos permanecen en Cataluña, pero las decisiones, los centros de control, "se alejan más de donde está la fábrica". Además, aseguró que "ya hay proyectos que se han paralizado". "Cualquier empresa quiere tranquilidad y seguridad jurídica, en el momento que no lo tienen, se pone el semáforo en rojo", dijo.

Respecto a la decisión de Caixabank de quedarse permanentemente en Valencia, Rosell indicó que "cuando una empresa toma una decisión tan drástica, le tienen que dar muchas razones de peso para poder revertir esa situación". Preguntado sobre cómo puede repercutir en el PIB la situación actual, Rosell apuntó que la semana pasada el Gobierno rebajó tres décimas su estimación de crecimiento para 2018 y si continúa así la tendencia, "el descenso será mayor". "Si esto continúa, puede ser grave y es una pena porque nos había costado muchísimo volver a la senda del crecimiento", aseveró.

"En Cataluña hay mucha gente que está en situación de shock y tristeza. Estamos viendo cómo, delante de nosotros, se están desgarrando relaciones humanas, hay muchas familias donde hay generaciones distintas que están teniendo enfrentamientos. Eso no había pasado hasta hace unas semanas y vamos a necesitar una generación para poder resolverlo", indicó.

Sobre la CUP, Rosell dijo que "es lo peorcito" que se ha tenido "desde el punto de vista económico y social", y sobre el artículo 155, aseguró que se puso en la Constitución porque se tenía que poner, "pero con la idea de no aplicarlo nunca". Asimismo, afirmó que declarar la independencia es "saltar al abismo con todas las consecuencias negativas" que ello supone, y subrayó que "desgraciadamente" se está ya "muy cerca del que parece ser el punto final", si bien se mostró "esperanzado" en que "aún queda tiempo para arreglar las cosas". En su opinión, el Govern aún puede "rectificar y dar marcha atrás" porque "las consecuencias van a ser muy dañinas".

En este sentido, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo ayer que el Consejo de Gobierno "observa con atención" la situación en Cataluña. Draghi explicó que es "muy difícil comentar sobre acontecimientos que cambian todos los días, lo observamos y veremos qué ocurre".

Preguntado por un supuesto correo electrónico enviado por el Govern al BCE, Draghi afirmó que él no ha visto ninguno. Desde principios de octubre el desafío secesionista ha provocado que alrededor de 1.500 empresas hayan sacado sus sedes de Cataluña.

"responsabilidad" al 'president'.La ministra de Empleo, Fátima Báñez, pidió "responsabilidad, seriedad y prudencia" ante la posibilidad de unas elecciones en Cataluña y subrayó que los catalanes no se merecen que se "quiebre" el esfuerzo hecho para recuperar la economía y el empleo. Báñez señaló que la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña "están siendo protagonistas de la recuperación de empleo".