La reciente Ley de Vivienda de 2023 ha introducido el concepto de zona de alquiler tensionado. Este nuevo término ha generado mucha atención y también debate. ¿Qué son las zonas de alquiler tensionado? Estas zonas son áreas donde, debido a condiciones específicas del mercado de la vivienda, como precios elevados de alquiler o costos hipotecarios, existe un riesgo de que la oferta de viviendas sea insuficiente para la población. Para combatir estos desequilibrios, la ley permite a las comunidades autónomas aplicar medidas de control sobre el mercado de alquiler en dichas zonas.

¿Qué determina si una zona es tensionada? Para que una zona sea declarada como tal, debe cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

• Que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, sumado a los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares en esa área
• Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado un crecimiento significativamente superior al del IPC de la comunidad autónoma en los últimos cinco años.

Una vez declarada, las medidas aplicables en zonas tensionadas incluyen limitaciones en el incremento del precio del alquiler, que no podrá superar el 2% en 2023 y el 3% en 2024. Además, se contempla la posibilidad de prórrogas extraordinarias del contrato de alquiler para el arrendatario por un máximo de tres años, entre otras medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y controlar los precios.

Cataluña, por ejemplo, ha tomado la iniciativa de aplicar estos límites a partir de febrero, con 140 ciudades y pueblos ya incluidos en su lista de municipios con precios del alquiler tensionados, lo que afecta a un 80,6% de su población.

A nivel nacional, se estima que el 20,83% del territorio español puede ser considerado como zona tensionada, afectando a más de la mitad de los hogares del país. Este alcance tan amplio nos sugiere que una gran parte de la población española podría beneficiarse de las medidas de protección y control de precios introducidas por la Ley de Vivienda.

La finalidad de estas medidas es doble: por un lado, asegurar que los ciudadanos puedan acceder a viviendas a precios asequibles, y por otro, fomentar una oferta suficiente de viviendas en alquiler para satisfacer la demanda existente. Estas iniciativas intentan representar un esfuerzo para equilibrar el mercado de la vivienda y proteger a los inquilinos de aumentos desproporcionados en los precios del alquiler.