Los jesuitas denucian las 'devoluciones en caliente'

  • Fernández Díaz aboga por un estatuto sobre la labor de Guardia Civil y Policía en Melilla

El Servicio Jesuita al Migrante (SJM) denuncia en el documento Que no se ahogue la esperanza que una propuesta como regular las devoluciones en caliente "vulnera" la legislación nacional e internacional vigente pues "supedita la garantía de los derechos fundamentales a la eficacia del control de fronteras y de la lucha contra la inmigración ilegal".

La investigadora del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Cristina Cortázar, indicó que España está "faltando flagrantemente" en Ceuta y Melilla la garantía de los derechos humanos pues la normativa confirmada por el Tribunal de Estrasburgo establece que ningún país europeo puede devolver a una persona que está bajo su jurisdicción a otro país donde vaya a sufrir torturas o trato inhumano y degradante.

Así lo aseguró Cortázar ayer en la Universidad Pontificia de Comillas durante la presentación de este documento, que contiene reflexiones y propuestas ante las elecciones al Parlamento Europeo para garantizar los derechos humanos en las políticas de inmigración.

Cortázar, tras regresar de una reunión en Bruselas con 29 expertos en migraciones, concluye que no existe "ningún resquicio" por el que el Estado español "pueda hacer valer que estas devoluciones en caliente son conformes a la legalidad vigente". En esta línea, denunció que se quiera modificar "a toda prisa" la Ley de Extranjería, según supone, "para legalizar estas devoluciones". De hecho, la experta apuntó algún caso reciente en que algún tribunal europeo ha condenado a países de la UE -Grecia, Bélgica e Italia- "por hacer cosas menos graves de las que está haciendo España".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer por su parte que confía en poder negociar después de las elecciones europeas un Pacto de Estado sobre inmigración que dote de un estatuto jurídico seguro para la Guardia Civil y la Policía Nacional que se encuentran en las fronteras de Ceuta y Melilla.

En el transcurso de un desayuno informativo en el que el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pronunció una conferencia basada fundamentalmente en inmigración, Fernández Díaz apostó por "negociar una política de Estado" con el PSOE y con las fuerzas políticas que quieran sumarse en materia de inmigración.

Ese pacto, según Fernández Díaz deberá "establecer un marco jurídico" que "con pleno respeto a los inmigrantes" dote de un estatuto jurídico "lo suficientemente seguro" a "quienes tienen la misión de velar por la inviolabilidad de nuestras fronteras", de manera que "se sientan respaldados jurídica, social y políticamente".

Fernández Díaz defendió una vez más el trabajo de las fuerzas de seguridad en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla en el control de la inmigración ilegal: "Si cuando se ha atravesado la primera valla ya se está en España, ¿para qué hay una segunda valla?, ¿para qué está la Guardia Civil entre vallado?", preguntó.

Vivas señaló por su parte que la solución a la presión migratoria en su ciudad autónoma y Melilla no pasa por ampliar los Centros de Estancia Temporal de Extranjeros, sino que son necesarias medidas estructurales en las que debe implicarse activamente la Unión Europea.

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