El Sindicato Unificado de Policía de Almería junto a la Federación Andaluza de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Delegación Provincial de AUGC en Almería se han reunido con diferentes representantes de los ciudadanos para tratar el lamentable estado de la lucha contra las narcolanchas en materia de inmigración y narcotráfico, así como el lamentable estado de las instalaciones y medios de la Guardia Civil y Policía Nacional para operar. Cuestiones que fueron dirigidas a los diputados, senadores, alcaldes del Partido Popular y que a su vez fueron recogidas.

Tras los gravísimos hechos ocurridos en Barbate y en la provincia de Almería, derivado en gran parte de la mayor presencia de narcolanchas, el Gobierno no solo no convoca a las asociaciones de la Guardia Civil y sindicados de la Policía Nacional, sino que además se niega en repetidas ocasiones a reunirse con ellas.

Es inasumible que el modelo policial haya quedado obsoleto ante los problemas actuales y que además no se supla la falta agentes. La cláusula tercera, del Acuerdo de Equiparación Salarial alude a destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios económicos (en total 300 millones) para el reingreso de nuestros compañeros en Segunda Actividad y Reserva al servicio activo.

Además de añadir la progresiva merma de los recursos personales ante la creación dentro del seno de la Guardia Civil de las Unidades Fantasmas, hay que sumar la incapacidad crónica del CATE de hacer frente el gran volumen de migrantes que recibe la provincia, haciendo imposible a las unidades que se quedan custodiando, el acudir a los servicios que se venían realizado tradicionalmente como se viene comprobando especialmente en la localidades del poniente almeriense desde el pasado verano con el nuevo fenómeno migratorio con embarcaciones usadas tradicionalmente para el narcotráfico.

El trabajo que se presenta en Almería es desbordante y cada año empeora la situación. Las carencias que afectan a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado son cuantiosas, destacando la necesidad de una ampliación de personal de Servicio Marítimo, embarcaciones adecuadas, personal de recepción y custodia en CATE y de todo tipo de unidades territoriales y medios. Medidas permanentes como un OCON-SUR y unas leyes que castiguen con mayor severidad e incluyan el petaqueo como delito.

Por ello, y ante las graves carencias que sufren los guardias civiles y policías nacionales destinados en la provincia andaluza, AUGC y SUP trasladaron una propuesta al Gobierno de la nación para abordar y paliar estas formas de delincuencia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.