Al tiempo que la consejera de Obras Públicas visitaba el pasado viernes las obras de acceso al puerto de Garrucha, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba las Normativas Directoras, instrumento, en palabras de Josefina Cruz, "para facilitar la interpretación de la aplicación del Decreto sobre cómo hacer el avance y cuáles son las condiciones mínimas de habitabilidad". El documento integra normas para la identificación y delimitación de los asentamientos existentes en los suelos no urbanizables y, de otro lado, determina las condiciones mínimas de habitabilidad. La titular de Obras Públicas explicaba que las Normativas Directoras "tienen el carácter de recomendaciones indicativas y orientativas, es decir, no son normativas de obligado cumplimiento, pero que facilitan enormemente a los Ayuntamientos los mínimos requisitos que se han de cumplir para legalizar viviendas. Esto no quita para que si los Ayuntamientos quieren añadir más normas legales, lo pueden hacer". Uno de los requisitos solicitados por la Junta de Andalucía para la regularización de las viviendas es que haya un mínimo documento que garantice las condiciones de habitabilidad de esa vivienda, porque al conceder una cédula de habitabilidad es precisa una garantía de que la edificación está en correctas condiciones.

¿Legalización, regularización, reconocimiento? La consejera detallaba que "hemos hecho un Decreto para dar salida a la situación irregular de miles de viviendas; en unas circunstancias hablamos de legalización y en otras de regularización de las viviendas que están en suelo no urbanizable. En algunos casos se podrán legalizar directamente, mientras en otros no podemos hablar de legalización, sino de reconocimiento de la existencia de esa vivienda". Para Josefina Cruz uno de los objetivos fundamentales es que estos fenómenos no se vuelvan a repetir, que este tipo de construcción se evite por todos los medios y que las ciudades crezcan de forma planificada, "una cuestión de concepto es que la ciudad debe de crecer de forma planificada, ordenada, con todas sus estructuras, mientras que todas estas viviendas se han construido sin planificar, sin infraestructuras, sin alcantarillado, sin servicios, ni equipamientos que tiene cualquier barrio legalmente construido". Añadía Cruz, que al igual que otros tipos de delitos prescriben, muchos casos de estos delitos urbanísticos han prescrito, pero las viviendas siguen ahí y por lo tanto había que dar una respuesta.

No habrá café para todos. La consejera de Obras Públicas matizaba que "el Decreto por sí mismo no soluciona el problema; ahora le toca a los Ayuntamientos legalizar en unos casos o regularizar en otros. Ahora bien, en algunos lugares no se podrá ni legalizar ni regular, porque son viviendas construidas en ramblas o suelos protegidos, en suelos de riesgos naturales, o a las que no haya prescrito el período de construcción, como tampoco las que estén incursas en proceso jurídico que tendrán que esperar a que haya resolución judicial, esas no se podrán legalizar". Según fuentes jurídicas consultadas, más de un centenar de viviendas se encuentran con sentencia firme de derribo. Pendientes de ejecución.

Uno de los casos más notorios de ejecución de sentencia es el del derribo de la vivienda de los Prior en Vera, según el Tribunal de Derechos Humanos sometidos a un trato inhumano e intolerable. En el discurrir del largo proceso en el que se hallan inmersos los señores Prior, el Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo ha emitido sentencia conocida anteayer que desestima al recurso que presentó el matrimonio Prior contra el Ayuntamiento de Vera respecto a la petición de responsabilidad patrimonial de la administración local por la demolición de su vivienda, hasta en tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictamine si la licencia otorgada por el Ayuntamiento fue o no legal, a instancias de la Junta.

El Juzgador es consciente, afirma en el auto, de la situación que provoca a los administrados la tardanza en resolver las peticiones que se formulan a los tribunales de justicia. Añade en sus fundamentos jurídicos que el mismo Juzgado adoptó medidas provisionales en las que se acordaba que el Ayuntamiento de Vera proporcionara una vivienda a los señores Prior. Ahora y según el portavoz municipal, el Ayuntamiento solicitará el levantamiento de las medidas cautelares para dejar de pagar el alquiler de la vivienda de los Prior, además de reclamar la devolución de las cantidades ya abonadas por el Consistorio en concepto de alquiler.

El alcalde de Albox, José García, asegura que "es triste y lamentable, además de irresponsable, que los señores del PP de Albox, cuando hemos sido el primer Ayuntamiento de Andalucía en iniciar el proceso de legalización de las viviendas ilegales que ellos permitieron, desvíen la atención hacia una vil información sobre los gastos de viaje. Los gastos de viajes han sido para resolver el problema de las 3.000 casas ilegales que nos dejó el PP. A Carrión, presidente del PP de Albox, ante la mentira del cobro de kilometraje lo vamos a demandar".