Trama de corrupción

Un ayuntamiento de Almería contrató a la empresa de Baza vinculada al 'Caso Koldo'

  • Adjudicaron un servicio en febrero de este año a Áridos Anfersa, que entre 2021 y 2023 ganó un 466% más de concursos públicos del Estado y en la que trabajó la mujer del exasesor de José Luis Ábalos

Un ayuntamiento de Almería contrató a la empresa de Baza vinculada al 'Caso Koldo'

Un ayuntamiento de Almería contrató a la empresa de Baza vinculada al 'Caso Koldo'

A las once y media de la mañana del 19 de febrero se reunía la mesa de contratación con técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Cantoria para adjudicar un contrato de adquisición de suministros de materiales (hormigón HM-25) para obras municipales durante todo el año 2024 por importe de 181.500 euros, con el IVA incluido, a la empresa Áridos Anfersa. Tras la apertura de sobres, la empresa familiar con sede en Baza recibía la máxima puntuación (100 puntos) y no le daba ni uno sólo (0 puntos) al otro aspirante al concurso de reconocido prestigio en el sector, Áridos Hormigones Pérez Jiménez SL. Hasta ahí todo normal, un contrato ordinario de cementos a una mercantil que se constituyó en 1998 en el Altiplano granadino y tiene canteras y una planta de hormigón en Almería. Sin embargo, esta empresa se ha situado bajo sospecha en las últimas semanas al ser una de las ramificaciones del 'Caso Koldo' que se investiga en la Audiencia Nacional por presuntas mordidas en la compra de mascarillas.

Tan sólo 24 horas después de que se formalizara el contrato del consistorio de Cantoria, en la mañana del 20 de febrero, agentes de la Guardia Civil se desplazaban a una finca de Polop de la Marina en el interior de Alicante con una orden de detención de Koldo García y su mujer, Patricia Uriz, además de un mandamiento para el registro de la vivienda del que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento entre los años 2018 y 2021 por su implicación en una trama de comisiones irregulares en la adjudicación de contratos públicos en los momentos más difíciles de la pandemia. Y una de las empresas que se han situado en el epicentro de la trama, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, es Áridos Anfersa, que contrató a Patricia Uriz a los dos meses de que se formalizara una de las adjudicaciones que han motivado la investigación. ADIF otorgó el 22 de mayo de 2022 un contrato por valor de 557.699,18 euros a la UTE Aritec-Anfersa Hornachuelos, una unión temporal de empresas que ni siquiera se había constituido porque lo hizo el 9 de junio.

José Luis Ábalos y Koldo se reunieron en el Parador de Granada con el propietario de Áridos Anfersa José Luis Ábalos y Koldo se reunieron en el Parador de Granada con el propietario de Áridos Anfersa

José Luis Ábalos y Koldo se reunieron en el Parador de Granada con el propietario de Áridos Anfersa / Efe

Más adelante, en noviembre de ese mismo año, recibieron otro contrato por valor de 5,2 millones. La Guardia Civil considera de interés el encuentro que mantuvieron los propietarios de Aritec y Áridos Anfersa con Koldo y Ábalos en el Parador de Granada en el que se hospedaron el día de antes de la posesión de Paco Cuenca como alcalde nazarí en julio de 2021. La mercantil de Baza pasó de ganar 18 contratos a 103 entre 2021 y 2023, lo que se traduce en un 466% más de concursos ganados por adjudicación en apenas dos años. El principal órgano de contratación fue Tragsa, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, así como ADIF que pertenece al Ministerio de Transportes. Además, Áridos Anfersa figura como una de las compañías de la lista de Grandes Beneficiarias de Ayudas y Subvenciones Públicas del año 2022, el de la incorporación de Patricia Uriz, con una ayuda equivalente acumulada total de 315 millones de euros.

El auto judicial recoge que la mujer de Koldo, que fue ayudante de secretaria del Ministerio de Fomento, percibió retribuciones durante ese año un total de 7.731 euros euros de la empresa de Baza y el sumario del caso que se investiga en la Audiencia Nacional por mordidas en la compra de mascarillas también incluye pagos de esta pareja al exministro Ábalos en conceptos de viajes y comparas de billetes de avión. Esta ramificación empresarial del 'Caso Koldo' parecía quedar ajena a nuestra provincia, más allá de la cantera Castejones que tienen en Albox, pero ya han aparecido los primeros contratos en Almería por parte de un ayuntamiento, el de Cantoria, así como de varias adjudicaciones de Tragsa.

Se quedó fuera en un concurso más reciente

Aunque se trata de una empresa especializada en obra civil y es habitual que se presente a este tipo de licitaciones, el PP de esta localidad del Almanzora pedirá al equipo de gobierno que preside la alcaldesa socialista Purificación Sánchez que facilite este expediente de 181.500 euros y otros anteriores relacionados con Áridos Anfersa y una empresa que absorbió con anterioridad y que podrían rondar en su conjunto un importe cercano a los 700.000 euros desde el año 2020. A mediados de marzo, Áridos Anfersa concurría en el concurso del corredor peatonal de Cantoria (fase 1), pero en esta ocasión no resultaría adjudicataria y la mesa de contratación otorgó el proyecto a Pavimentos Asfálticos Lario SL por importe de 2,5 millones de euros que había conseguido seis puntos más en la valoración de méritos.

Dos exalcaldes del PP inhabilitados por prevaricación

Los populares de Cantoria quieren investigar el último contrato y los anteriores adjudicados a Áridos Anfersa por si hubiera algún indicio de corrupción en un consistorio en el que dos exalcaldes ya han sido condenados por diferentes delitos de corrupción. Pedro María Llamas (PP) fue sentenciado por prevaricación administrativa e inhabilitado para cargo público durante un periodo de siete años al contratar un servicio de rehabilitación pese a los informes desfavorables del secretario-interventor y, además, se enfrentará a una petición de cárcel por malversación relacionada con la la subida salarial de tres trabajadores. El que fuera concejal y exalcalde, también del PP, Gaspar Masegosa fue condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación urbanística continuada después de que en junta de gobierno declararan la "innecesariedad" de pronunciarse sobre una parcelación "ilegal y encubierta en suelo no urbanizable". 

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