El BOJA publica el decreto que retira a Fomento las competencias de adjudicación de VPO

  • Las funciones pasan a manos de la Consejería de Hacienda. Susana Díaz reitera que el principio de igualdad debe ser compatible con el de legalidad. IU decide si rompe el pacto de gobierno.

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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes el decreto anunciado por su presidenta, Susana Díaz, por el que se retiran a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica, que pasan a manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

En concreto, el decreto reestructura la distribución de competencias entre consejerías para retirar a la consejería de Elena Cortés y asignar a la de María Jesús Montero "las competencias y funciones relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica en los supuestos previstos en el artículo 12, apartados 5 y 13, del decreto 149/2006 de 25 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en materia de vivienda protegida y suelo". La disposición cuyas competencias se retiran a Fomento regula los criterios de selección de destinatarios de vivienda protegida con recursos económicos limitados y alude expresamente a los"realojos transitorios en viviendas protegidas derivados de actuaciones en materia de rehabilitación o motivadas por otras circunstancias excepcionales".

Ante esta situación, IU se ha reunido de urgencia sobre las 10:00 en el Parlamento para analizar el texto publicado en el BOJA y decidir en consecuencia. El coordinador general de la formación, Cayo Lara, se ha unido al encuentro. También lo ha hecho, algo más tarde, la consejera Elena Cortés, que se encontraba en un viaje institucional en Colombia y Panamá. Según han admitido diversas fuentes, políticos del PSOE e IU mantienen contactos telefónicos y aún no han decidido si volverán a encontrarse en la comisión de seguimiento de su pacto de Gobierno en Andalucía. Fuentes del Gobierno andaluz, por su parte, han asegurado que sus socios de IU en el Ejecutivo andaluz estaban informados del decreto que se ha publicado.

La presidenta andaluza, por su parte, ha apelado a la  responsabilidad que tienen las fuerzas de izquierda para que PSOE-A e IULV-CA retomen "el diálogo y el entendimiento", después de que el jueves no fuera posible un acuerdo entre ambas formaciones y haya retirado las competencias a Fomento. Sobre si corre peligro el pacto de gobierno, ha querido dejar claro que en Andalucía existe la oportunidad de demostrar que otro camino es posible y el reto de hacerlo "desde la izquierda, con la bandera de la igualdad y respetando la ley". Tras indicar que eso no es tan fácil como ese camino de la austeridad "a ultranza, salvaje y cruel", ha señalado que el gobierno de izquierda de Andalucía sigue un "camino más complicado, pero la esperanza que los ciudadanos votaron el 25 de marzo de 2012, que es defender la igualdad y a los hombres y mujeres en unos momentos muy complicados, pero con la obligación de hacerlo en el marco de la ley".

Susana Díaz ha agregado que en estos días no puede olvidar nunca que es la presidenta de todos los andaluces, un responsabilidad inmensa, y que hay 12.000 familias en Sevilla y miles en Andalucía que están en listas de espera para una vivienda y "que no pueden ver que quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pasen realmente mal". "Y eso es lo que estoy haciendo", ha sentenciado. No obstante, ha confiado en la responsabilidad que "tenemos las fuerzas de izquierda, en el diálogo y en la prudencia" y ha señalado que, lógicamente, hay que seguir trabajando, "porque por encima de cualquiera de nosotros está el reto en un momento difícil para miles de hombres y mujeres de demostrar que en Andalucía otra política y camino es posible, el de la igualdad en el marco de la ley". Así, la presidenta ha indicado que espera que en las próximas horas se retome el diálogo, el entendimiento y la prudencia, apuntado que va a "colaborar para que esto sea así". 

El decreto, que entra en vigor este mismo viernes, se produce tras las diferencias surgidas entre los socios de gobierno tras la solución adoptada por Fomento para el realojo de familias de la Corrala Utopía, en Sevilla, y que provocó una reunión del comité de enlace PSOE-IU que culminó sin acuerdo tras doce horas de negociación.

Doce horas de reunión entre el PSOE e IU que no sirvieron para encontrar una salida. La coalición de Gobierno sigue en peligro y tanto socialistas como la federación de izquierdas están dispuestos a romper el pacto si no alcanzan un punto común."Haré lo que tenga que hacer…". Las palabras que la presidenta pronunció en el Parlamento aún resuenan. Todas las opciones están abiertas, incluso la posibilidad de que, rota la coalición, el Ejecutivo se quede sólo con los socialistas, lo que llevaría a la convocatoria de elecciones anticipadas en meses, en otoño.

"El asunto es complejo", admitió el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, a la salida de la maratoniana reunión. "Se mantiene la discrepancia", explicó el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo. Para comprender el calado de esta crisis hay que considerar que quienes han entrado en conflicto no son dos consejeros, uno socialista y otro de IU, sino que es la propia presidenta con sus socios. No hay, por tanto, una figura, colocada jerárquicamente por encima de todos, que pudiera mediar. Lo que IU puso en duda fue la propia competencia de la presidenta para decidir qué hace su Gobierno, y Díaz pensaba que el reparto de llaves era una acción ilegal porque no se atenía al principio de igualdad entre los demandantes. Por lo tanto, era la propia presidenta quien se jugaba su credibilidad de hacer cumplir la ley, puesto que era en San Telmo desde donde se había advertido de la ilegalidad.

Ya el miércoles, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, le escribió una carta a Díaz en la que le daba las razones de la ilegalidad: cada demandante está colocado en una lista por unos criterios de baremación, y esto no se podía saltar por una acción como la de la Corrala Utopía, donde había personas que incluso contaban con trabajo y hasta con vivienda disponible.

El comité de enlace entre PSOE e IU analizó caso por caso la situación de las 22 familias de la Corrala Utopía. Para que se aplicase el concepto de excepcionalidad, extremo que podría justificar la entrega de llaves para usar viviendas de modo transitorio, había que demostrar que cada una de ellas se encontraba en riesgo de exclusión social. En el registro municipal, sólo hay dos casos recogidos así. En la Corrala se alojaban familias y también personas sin hijos. Fomento dio 10 llaves en distintos pisos de la Junta en Sevilla, y para los otros 12 casos se ofreció a pagar alquileres privados. Todo, durante seis meses, el tiempo en que estarían  disponibles unas viviendas en construcción de la Junta.

IU esgrimió un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el que se consideraba en riesgo a las 22 familias. Sin embargo, el problema reside en el decreto que la presidenta ha firmado. Se trata de un pulso de IU con la jefa del Ejecutivo, dispuesta a llegar hasta el final. Díaz aprendió la lección del gobierno de coalición que mantuvo en Sevilla a Alfredo Sánchez Monteseirín con IU de socio. Las cesiones del alcalde socialista en materia social, especialmente las más radicales, terminaron por erosionar la imagen del regidor hasta el punto de que el PP ganó las elecciones siguientes por mayoría absoluta. Díaz no lo olvida.

El comité de enlace se reunió el jueves de modo urgente a las 9:30 en el Parlamento. La negociación duró hasta pasadas las 22:00, con sólo dos  recesos: para asistir a la sesión de control y para almorzar. Todo parecía que iba a rodar con cierta normalidad: los miembros de IU y del PSOE compartieron aperitivo en el bar del Parlamento. Refrescos, cervezas y algún vermú. Nada hacía presagiar este desenlace, aunque Maíllo ya había dejado claro que IU no aceptaría que la presidenta publicase el decreto. Ni ella, al parecer, lo contrario.

El comité está compuesto por tres miembros de IU, y sus posiciones no son diferentes, pero sí hay matices. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta, estaba por salvar el pacto mediante un acuerdo;  Maíllo defendió con rotundidad la legalidad de la medida, y el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, mantuvo una posición en alerta. Después del mediodía se sumó José Manuel Mariscal, secretario general del PCA, una persona en la que los socialistas confían por su poder para mantener lo que se acuerda. Maíllo estuvo el miércoles por la noche en la plaza Nueva de Sevilla con los vecinos que recibieron las llaves. Participó en esta fiesta improvisada, aunque él no fue quien dio las llaves que los okupas enseñaban a las cámaras como señal de victoria, sino un cargo de la Consejería de Fomento. Por parte del PSOE, participaron en la reunión el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, y el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo.

Durante toda la tarde del miércoles, que fue el día de la detonación, la presidenta conminó a sus consejeros de IU a que no se entregasen las viviendas, pero, finalmente, se hizo. Los socios de izquierda, por boca de Maíllo, sostienen que no hay ilegalidad porque no se han entregado viviendas, sino que se ha "realojado" a varias familias que sufren una situación excepcional. Esto lo permite la ley antidesahucios de la Junta, pero el PSOE sostiene que tal condición no se da. Sí lo sería, por ejemplo, la pérdida de sus viviendas por una amenaza de derrumbe, pero no familias que han sido desalojadas porque ocupaban un edificio de modo ilegal.

El PSOE está en minoría en el Parlamento, necesita los votos para gobernar, pero también sabe que, en caso extremo, se podrían convocar unas elecciones anticipadas que ellos ganarían. "La pelota no la tenemos nosotros, la tiene IU", explicó a este diario uno de los miembros del comité de enlace. Si los socios de IU salían del Gobierno, el PSOE se quedarían tan en minoría en la Cámara que poseen menos diputados que el PP, de tal modo que los populares podrían tumbarle todo tipo de leyes y acuerdos con la abstención de IU. La situación se volvería insostenible desde el punto de vista legislativo, pero a Díaz le van bien las encuestas y la convocatoria de unas elecciones anticipadas podría traerle una victoria sobre el PP. Así, sí podría gobernar en minoría. Por eso, los socialistas iban tranquilos: blindados.

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