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Herederos del exalcalde de Cádiz de 1976 a 1979, a punto de desahuciar a una mujer de 87 años

María Muñoz, en la salita de su hogar desde hace 57 años, ante una foto familiar con su marido.

María Muñoz, en la salita de su hogar desde hace 57 años, ante una foto familiar con su marido. / Jesús Marín

A sus 87 años, María Muñoz Ladrón de Guevara, está a punto de ser desahuciada de su hogar desde hace 57 años, una humilde vivienda en un bajo interior de El Pópulo, el barrio más antiguo de Cádiz, especialmente castigado en los últimos años por la presión de los pisos turísticos.

Si nada lo remedia, el "lanzamiento" de María de su casa está previsto para el próximo 26 de junio a las diez de la mañana. El "lanzamiento", es decir, la expulsión de María, el despojo por orden judicial de su domicilio familiar durante casi seis décadas. Su caso indigna a la ciudad desde que la Plataforma de vecinos y amigos de El Pópulo que lidera Antonio Gallardo diese la voz de alerta y pusiese en marcha una campaña contra un dictamen que consideran una injusticia social, el atropello de una persona mayor especialmente vulnerable y un claro síntoma de la galopante turistificación del barrio y de la expulsión de sus vecinos.

Eva Orihuela, una de las hijas de María, relata que su madre lleva viviendo en su casa desde 1967 y que el último contrato de alquiler del que disponían era de 1975. Estaba a nombre de su padre, Antonio Orihuela Gutiérrez, fallecido en abril de 2016. Y que ese mismo año, la propiedad instó a su madre a la firma de un nuevo contrato ya a su nombre. "Con mi madre siempre se habían portado muy bien, así que firmó lo que le pusieron por delante; no podíamos sospechar que se vería en esta situación", cuenta Eva a este periódico. Tres años antes se había hecho la división horizontal del inmueble y ya se habían vendido algunos pisos, "pero nunca pensé que le fuese a pasar a mi madre". 

El nuevo contrato de alquiler tenía una duración de seis años, hasta el 1 de diciembre de 2022, "con prórroga tácita por plazos anuales si los arrendadores o la arrendataria no denunciaba el mismo con una antelación mínima de un mes", según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. Pero el 19 de julio de 2022, la propiedad comunica por burofax a María "su voluntad de no renovar el contrato a la finalización de la prórroga vigente". "¿Cómo va a ser esto, si nos dijeron que nos preocupásemos?", dice Eva. "Sí que contábamos con que nos subieran el alquiler, claro", reconoce la hija de María, "pero nunca pensamos que fuese a pasar esto".

A María Muñoz, con 85 años entonces, la propiedad le ofrece la "oportunidad" de comprar el piso por 147.000 euros. "Nosotras no podíamos asumir eso, pero le propusimos reunir una parte grande de lo que nos pedían y quedarnos en el piso con opción a compra. O que nos subieran la renta a 600 o 650 euros al mes. Pero nos dijeron que no, que los propietarios, los herederos, no querían. "Es que es nosotros no somos las Hijas de la Caridad", recuerda con mucha indignación Eva que llegaron a responderle. María cobra una pensión de en torno a unos mil euros.

Comienza entonces un pleito en el que un juez llega a admitir la vulnerabilidad de María a partir de un informe de los Servicios Municipales, de la que disfruta durante un año. Pero la propiedad recurre y recurre y se la retiran, pese a que la salud de María empeora. "Aquí tengo que decir que el Ayuntamiento siempre se ha portado muy bien con nosotras; que el concejal, Pablo Otero, me ha escuchado, y que las trabajadoras sociales siempre nos han atendido estupendamente", recalca Eva.

María Muñoz, con su hija, Eva Orihuela, en la salita de su casa en el barrio de El Pópulo. María Muñoz, con su hija, Eva Orihuela, en la salita de su casa en el barrio de El Pópulo.

María Muñoz, con su hija, Eva Orihuela, en la salita de su casa en el barrio de El Pópulo. / Jesús Marín

La hija de María Muñoz está convencida de que el fin de la venta del piso de su madre es la apertura de una vivienda turística, posibilidad que parece haberse esfumado, al menos de momento, tras la decisión del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de cancelar 222 solicitudes, entre ellas todas las del número 9 de la calle Mesón. Aunque en Cádiz es bien sabido que proliferan las viviendas con fines turísticos piratas.

Lo cierto es que los doce herederos del humilde piso de María, a la sazón, descendientes y/o familiares del exalcalde de Cádiz Emilio Beltrami López-Linares, que gobernó la ciudad entre 1976 y 1979, decidieron hace ya tiempo vender todos los pisos del número 9 de la Calle Mesón. Sobre todo desde que se jubiló quien se los administraba. El dato del ascendiente es relevante porque lo pone de manifiesto nada más comenzar conversación con este periódico uno de los herederos, el abogado Emilio Beltrami Medina, nieto del último regidor de Cádiz antes de las primeras elecciones municipales democráticas. Y Porque fue el propio ex alcalde, antes de ser nombrado en su cargo, quien firmó el contrato de alquiler con el marido de María Muñoz, en una finca heredada de su padre. 

"Somos diez los propietarios del piso", dijo a este periódico Emilio Beltrami, quien luego corrigió la cifra a 12. "El piso era de un bisabuelo mío, pasó a mi abuelo, luego a mi padre, mi padre falleció y ahora es parte mío, parte de mi hermana, parte de mi  madre, de unos tíos, de unos primos e incluso de algún primo político", explica el letrado.

"El contrato de arrendamiento estaba a nombre de su marido, pero lo firmó mi abuelo, no me acuerdo en que año, que fue alcalde de Cádiz, Emilio Beltrami López-Linares", relata el copropietario. "Falleció mi abuelo, falleció mi padre y cuando fallece su marido, a los 8 o 9 meses se enteraron los propietarios de que no se había subrogado el contrato. Ante esta situación, y como había sido inquilina durante muchos años y aunque cuando termina el contrato debía haber abandonado el inmueble, se subroga el contrato a su nombre durante seis años, a pesar de que en la legislación en ese momento la prórroga era de tres años y se pusieron seis y a pesar de que era un contrato nuevo, se le mantuvo la renta, que era de 80 o 90 euros al mes".

"En otros medios he leído que en el procedimiento judicial no había mediado abogado y que prácticamente se engañó a esta señora, cuando fue al contrario. Una vez que se supo del fallecimiento de su marido se le comunicó que el contrato había terminado y que no había subrogado se extinguió, no existe, por lo que estaba en precario. Se le dijo que no tendría ningún problema y se le recomendó que contactara con una letrada, que se puso en contacto con nosotros. Discutimos ese contrato y una de las cosas que solicitó fue esa prórroga de seis años. Se prorrogó, pero la persona que gestionaba este inmueble se jubiló y los propietarios decidimos vender. Porque con una renta de 70 o 90 a euros, a cada propietario nos correspondían 7 u 8 euros al mes".

"Primero se intentó vender el inmueble con los inquilinos, pero no recibimos oferta ninguna. Se hizo la división horizontal y ofrecimos a los inquilinos la oportunidad de comprar los pisos; a esta señora o a sus hijas, también", explica Emilio Beltrami. "Finalmente se puso a un precio de un 10% o un 15% por debajo de lo que nos recomendamos en la inmobiliaria", añadió.

El copropietario niega que se les haya propuesto formalmente asumir un alquiler de 600 o 650 euros mensuales, pero no se cierra a trasladarlo en el caso de que le llegue la propuesta. "Las dos opciones que se le han dado son la compra o terminar el contrato para venderlo, porque la intención de los propietarios es deshacerse de este piso y de todos los de este inmueble porque no hay personas que lo gestionen. Pero se le ofreció la compra, la rechazó, hubo un pleito en el que se confirma que se ha resuelto el contrato y que se tiene que ir".

Cuando se le plantea si cree que María, a sus 88 años puede tener la capacidad de comprar su casa, Emilio Beltrami responde: "Hay algún propietario que gana menos que esta señora, a la que no se le concedió justicia gratuita porque cobraba más del Salario Mínimo Interprofesional. Además, ella tiene dos hijas. Estuvo mucho tiempo pagando 90 euros, se le dio una prorroga de seis años y tuvo tiempo de encontrar algo, ella sola o con sus hijas. Entiendo que hacer obras caritativas está muy bien, pero tiene dos hijas, y no sé por qué un propietario que gana menos que ella tiene que hacerle el favor a esta señora"

En Mesón 9 hay ahora dos bajos en venta, un piso en alquiler con opción a compra hasta junio o julio. Se vendieron cuatro o cinco pisos y quedan tres o cuatro por vender, resume el copropietario. Entre ellos, el hogar de María desde hace 57 años.

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