El panorama judicial que dibuja el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, es desolador y alarmante, un año más. En la memoria de 2023, la máxima autoridad judicial en la Comunidad vuelve a repasar las urgentes y necesarias reformas que son necesarias y admite que el último ha sido "otro año perdido". Con el nivel de litigiosidad más alto del país, una cifra récord de asuntos pendientes y un enorme retraso en la ejecución de sentencias, una profunda reforma legal y organizativa, así como el refuerzo de medios materiales y humanos, son imprescindibles para "cumplir el mandato constitucional de una justicia en plazos razonables", en palabras de Del Río. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía volvió durante 2023 a aumentar los niveles de litigiosidad, con el ingreso de un 6% más de asuntos que en 2022. Los tribunales andaluces ingresaron 1.372.072 asuntos frente a los 1.254.304 del pasado año, lo que revela que ha subido el nivel total de litigiosidad, aumentando en todos los órdenes jurisdiccionales.

Andalucía vuelve a estar en los niveles más altos de litigiosidad de España. Así, presenta una tasa superior en casi un 8% a la media estatal: si en el conjunto del Estado ha sido de 145,7 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2023, en el ámbito del TSJA dicha tasa es de 156,8 asuntos, la segunda más alta de España, tan sólo tras Canarias.

Durante 2023 subieron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones. La jurisdicción civil ingresa un 8% más, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017. La jurisdicción social ingresa un 6% más de asuntos, mientras que en la jurisdicción penal los asuntos ingresados también se incrementan, aunque en menor medida, un 4%. La jurisdicción contenciosa sube un 18%, singularmente en la primera instancia unipersonal, y rompe la tendencia de descenso de los dos últimos años.

Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 54% del total, el porcentaje relativo a la jurisdicción civil supone un 37% del total, la jurisdicción social representa un 6% del total y, en fin, la jurisdicción contencioso-administrativa supone un 3% del total de asuntos ingresados.

La Memoria indica que se sigue con idéntica tendencia de años anteriores: gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los Juzgados. Por lo que “si se quiere cumplir con el mandato constitucional de una justicia en plazos razonables es necesario contar con medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En definitiva, un mejor sistema organizativo/funcionarial/procesal, junto a un número de jueces acorde al volumen de litigiosidad, hará que la justicia mejore y sea más eficiente”.

Récord de asuntos pendientes

Durante 2023 los órganos judiciales andaluces resolvieron 1.276.551 asuntos (algo menos que el año anterior), quedando pendientes al final del año un total de 758.989 asuntos. La tasa de resolución ha sido del 0,93, cifra que indica laboriosidad, con carácter general, si bien los órganos judiciales resuelven algo menos de la totalidad de los asuntos ingresados anualmente. Esto supone que la pendencia aumentó un 15,9% respecto a los asuntos que quedaron en trámite a final de 2022.

En este sentido, el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década un 40%, esto es de la cifra de 542.514 se ha pasado a 759.518 en este año.

La Memoria explica que, tras superar las grandes disfunciones derivadas de la pandemia, la huelga de LAJ´s y funcionarios ha repercutido de nuevo en este mayor atasco y cifra de asuntos pendientes, dada la importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales.

Cada anualidad, argumenta el documento, se pone de manifiesto que la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre es superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.

En este sentido, vuelve a incidir en que “es imposible acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo”. Por ello, “no podemos caminar desde el puro voluntarismo ni apelar siempre a la responsabilidad personal”.

“Si queremos avanzar en la normalización de nuestros tribunales, generalizar un mejor rendimiento de la justicia y reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible la reforma en profundidad de nuestro sistema organizativo, procesal y tecnológico, optimizando nuestros órganos jurisdiccionales y los actuales recursos personales, todo ello sin perjuicio de mejorar los planes de refuerzo y crear nuevas plazas judiciales”, indica.

La Memoria del TSJA especifica que sería imprescindible la creación de plazas judiciales para paliar el atasco de la justicia. En este sentido, explica que dado el volumen sostenido de ingreso de asuntos de los juzgados andaluces, sería necesario crear al menos 15 plazas en los órganos colegiados y 104 nuevos órganos judiciales.

Justicia al borde del colapso

La valoración final de la situación, tal y como recoge la Memoria, es negativa y las conclusiones son similares a las Memorias de los últimos años, máxime a la vista los datos estadísticos de 2023 y volumen de asuntos pendientes. El que “la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente sólo responde a la realidad. Y si no ha colapsado todavía se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los Juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas, y de recursos, junto a unos niveles de litigiosidad nunca sometidos a métodos y criterios de razonabilidad y sostenibilidad”, indica el documento.

La Memoria refleja la falta de modernización del poder judicial, por lo que vuelve a apelar “a la responsabilidad de los encargados de la gestión política que venimos remarcando de forma insistente desde hace ya más de una década”. En este sentido, explica que nada se ha materializado durante 2023 en torno a tres ejes de actuación para modernizar y transformar la Administración de Justicia: organizativo (promoviendo la eficiencia operativa de este servicio público), procesal (cambios profundos en el proceso penal, al tiempo que se incide en el uso abusivo de la jurisdicción) y tecnológico (consiguiendo la ansiada transformación digital e incrementando la cohesión y coordinación territorial).

Indica que “nuestros responsables políticos siguen frustrando reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado, dejando transcurrir períodos temporales significativos que abarcan varias legislaturas. Las fuerzas políticas deberían ser conscientes de la necesidad y urgencia en conseguir cambios en nuestro sistema de justicia. Y 2023 ha sido un nuevo año perdido”.

Así, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recuerda que “llevamos más de veinte años de transitoriedad. La justicia, a nuestro pesar, no es una prioridad política, pero la litigación masiva y el incremento exponencial de asuntos en algunos órdenes jurisdiccionales, la complejidad creciente de la sociedad y la economía, y otros aspectos estructurales, hacen ineludible el viraje prometido hacia una justicia más ágil, efectiva y digital”.

Y concluye que “no queremos predicar en el desierto, pero la situación descrita debería, una vez más, ser una oportunidad para que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en un gran pacto de Estado por la Justicia. Es necesaria muestra de responsabilidad de la clase política debe marcar el camino. Porque, un día, la Justicia colapsará”.