El empresario Miguel Rifá niega el alzamiento de hasta 98.657.039,66 euros a través del vaciamiento patrimonial de sus sociedades que le imputa la Fiscalía de Almería. Aunque aún no ha declarado, ya que lo hará a partir de la semana que viene, su abogado ha dado este jueves las primeras pinceladas de la que será su defensa, que pasan por jugar la carta de la prescripción de parte de los delitos fiscales que se le imputan, además de sostener que la insolvencia del grupo empresarial de su cliente vino motivada por la crisis financiera y las “pérdidas extraordinarias que sufrió”.

Ha sido durante la primera sesión de la vista oral presidida presidida Soledad Jiménez de Cisneros, que junto a sus compañeros de la Sección Segunda, Luis Durbán y Alejandra Dodero, dictará la sentencia que condenará o no al conocido empresario. La fiscal Elena María Fernández no ha presentado cuestiones previas durante la misma, mientras que la abogada del Estado ha aportado unas documentales, entre ellas una sentencia condenatoria previa contraria al empresario.

Sin embargo, el peso ha recaído sobre los hombros de los abogados de los siete acusados en la causa, especialmente en el de Rifá, el que mayor tiempo ha dedica en esta jornada de cuestiones previas, que ha aprovechado para aportar un correo en el que una entidad financiera con la que trabajaba Rifá le insistía en la venta de bienes ante la “insolvencia” del grupo y la imposibilidad de refinanciar su deuda por falta de liquidez.

“Los hoteles -vendidos- han sido objeto de ejecución por sus acreedores, y los que no, están en proceso”, ha sostenido, toda vez que ha subrayado que la administración tributaria ha “ido cobrando del concurso de acreedores”.

También ha aportado sentencias dictadas en Cataluña y Madrid para demostrar que no ha habido operaciones “simuladas” por parte de su cliente en casos “absolutamente relacionados” con el que desde este jueves juzga la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En cualquier caso, el letrado ha pedido la nulidad de las actas de inspección del Impuesto de Sociedades de 2008, así como de la intervención telefónica de la línea de Israel M.M., el supuesto cómplice principal de Rifá, al entender que no fue motivada y que de ella derivó la imputación de su patrocinado y la deriva posterior de la investigación.

Asimismo, ha expuesto que delitos fiscales relacionados con el IVA de 2008, del Impuesto de Sociedades de dicho año y de Transmisiones Patrimoniales habrían prescrito, pues no fue hasta marzo de 2016, según él, cuando se le imputaron formalmente a Rifá.

El resto de abogados, además de aportar sus propias documentales y periciales, se han adherido a estas peticiones y a la tesis de la prescripción de los delitos fiscales achacados a sus clientes. El letrado de Israel M.M., que se enfrenta a penas que suman 17 años de prisión, ha asegurado que “nunca hubo un activo patrimonial con valor positivo” en estas ventas y que no existe ningún hecho que sirva como soporte para estas acusaciones.

Por ejemplo, José Luis Labraca, reconocido penalista recientemente incorporado a Lealtadis Abogados, ha insistido en que es "fácil comprobar" cómo por las conversaciones intervenidas a Israel M.M. la causa se amplió a Rifá, y cómo su cliente ni siquiera aparecía en el atestado elaborado en septiembre de 2013 por Vigilancia Aduanera. Como en otros casos, no fue hasta 2016 cuando se le imputó un delito y ya se habría "cumplido en exceso el plazo de cinco años" para que éste hubiese prescrito.

La calificación de la fiscal señala que Miguel Rifá contó presuntamente con la colaboración y asesoramiento del acusado Israel M.M. para establecer un plan que le permitiese beneficiarse económicamente "en detrimento de la Hacienda Pública" mediante la elusión de sus obligaciones tributarias.

Para ello habría creado un "entramado de sociedades españolas, portuguesas, británicas y con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas" con la colaboración de distintos testaferros para llevar a cabo un vaciamiento patrimonial de las sociedades Hotel Almería SL y Predios del Sureste SL, todo ello con diferentes "sociedades interpuestas y negocios jurídicos simulados".

Con la "misma finalidad", habría llevado a cabo fraudes en el IVA, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados entre 2008 y 2012.

Según la fiscal, para esto último habría simulado operaciones para ocultar que era el propietario real de las sociedades implicadas, quien supuestamente planificaba, dirigía y decidía en todos los casos con independencia de la titularidad jurídica formal.

Todo esto habría permitido dicho vaciamiento patrimonial para eludir el pago de deudas y además obtener devoluciones tributarias que han sido valoradas en los 10 millones de euros.

De acuerdo a la fiscal, el importe de las deudas de las sociedades al inicio de las operaciones en noviembre de 2008 era de 84.370.857,88 euros y de 131.425.369,23 euros al final de ésta, en marzo de 2011, y estima que el valor de los bienes alzados alcanza los 98.657.039,66 euros.