Según informó ayer la Benemérita, se le imputan delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. El detenido podrá abandonar la cárcel si abona una fianza de 30.000 euros.

Todo ello al entender que en su actuación concurre "un error invencible de prohibición" del art. 14.3 del Código Penal, porque la inscripción de los estatutos generó en ellos la "creencia de que las actividades que se recogían (...) entre ellas la de facilitación de cannabis a lo socios, en las condiciones que allí se establecían, era legal".

Entre otros puntos se han estudiado las incidencias con las pulseras telemáticas, especialmente en el partido judicial de Roquetas de Mar.

El testimonio de la niña a los psicólogos resultó clave para que el alto tribunal andaluz ratificase la condena.

El veredicto, que ha sido unánime, se ha conocido en la noche de este miércoles y respalda la acusación por homicidio, malos tratos y hurto que había propuesto la Fiscalía en las conclusiones. "Siento lo que hice": El acusado pide perdón a la familia de la víctima e insiste en su declaración inicial, en la que confesaba haber sido el autor de los hechos. Manuela Bravo murió asfixiada al taparle su agresor las vías respiratorias con una almohada mientras a la vez ejercía presión sobre ella en el tórax y el abdomen.

Asimismo, le ha sido impuesta una multa de tres meses, a razón de tres euros al día, por un delito leve de daños.

Los magistrados añaden que también existen "problemas previos entre las partes, que podrían evidenciar cierto resentimiento o enemistad entre los mismos", como la "mala relación" de la víctima con el acusado, que lo llevó a denunciarlo por malos tratos.

Suspenden la vista contra el profesor que fue condenado por abusar de una estudiante de 14 años por un cambio de abogado.

"Manuela tenía miedo": La víctima sufrió días antes un intento de estrangulamiento que empezó "como un masaje". Un jurado juzga este lunes al acusado de asesinar a su pareja .

La Fiscalía de Almería ha rebajado su petición de penas de 9 a 3 años de prisión al retirar la agravante de parentesco.