Once años y tres meses -4.116 días- después de que la Operación Hostelero, desarrollada en mayo de 2012 por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, permitiera desmantelar una potente y compleja red de sociedades mercantiles para la evasión de impuestos y el impago de deudas millonarias, una mecánica defraudatoria a gran escala insólita en esta provincia hasta la irrupción poco después del entramado de Obrascampo, ha llegado el momento de sentar en el banquillo de madera a Miguel Rifá y seis personas más, entre ellos su asesor económico Israel Martínez y el empresario portugués Luis Filipe Da Silva, para responder ante la justicia por delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y alzamiento de bienes. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juicio comenzará este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con las cuestiones previas y se prolongará a lo largo de todo septiembre con las comparecencias de los acusados y decenas de testigos, entre los que figuran los investigadores de la Agencia Tributaria a mediados de mes.

El tribunal estará presidido por la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros Cid y el juez ponente será Luis Durbán. La magistrada Ana Belén Vico, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, abrió juicio oral con un auto fechado el 5 noviembre de 2019 para el procesamiento de los siete imputados en la causa y el Ministerio Público solicitó una pena de prisión de 29 años y 11 meses para el veterano empresario por las operaciones fraudulentas comprendidas entre los años 2008 y 2011 con la que pretendía, según recoge literalmente el escrito de la fiscal Elena Fernández Lora, "eludir obligaciones tributarias a través de un entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas" con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes en el Caribe. Un "plan preconcebido" cimentado en una compleja red de sociedades interpuestas y negocios jurídicos irreales con la colaboración de diversos testaferros con el doble objetivo de evitar el pago de impuestos y realizar un "vaciamiento patrimonial" de las principales mercantiles del grupo hotelero como Predios del Sureste y Hotel Almería.

Una potente ingeniería financiera y fiscal con operaciones simuladas en la compraventa de los inmuebles y aportaciones no dinerarias entre sociedades y mercantiles con el fin de lograr devoluciones fraudulentas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y esconder (descapitalizar) los bienes para así evitar el embargo de los acreedores. La Abogacía del Estado, que representa a los intereses de la Agencia Tributaria, elevó la petición en su escrito de acusación a 34 años de cárcel para Miguel Rifá por la comisión de dos delitos de alzamiento de bienes y seis contra la hacienda pública. Para Israel Martínez, principal artífice del entramado societario, han pedido, al igual que la Fiscalía, 17 años y 4 meses de prisión por dos delitos de alzamiento de bienes y tres contra la hacienda pública relativos a irregularidades con el IVA de las transacciones de activos en los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2012.

Hacienda destapó un entramado societario para evitar el pago de impuestos

Tanto el empresario como el abogado tuvieron que hacer frente en febrero de 2015 a una fianza de 2,4 millones de euros por responsabilidad civil conjunta y solidaria en relación al fraude fiscal desgranado en un exhaustivo informe de 6.000 páginas del Servicio de Vigilancia Aduanera del 31 de mayo de 2012. El asesor económico fue consejero de mercantiles de Rifá como Las Salinas de Roquetas, el administrador único de Diakonia Hotelera, a la que querían traspasar las acciones del Hotel Almería-Grupo Citymar, y representante legal de GILHSA, la sociedad portuguesa que se iba a quedar precisamente con todas las participaciones como último eslabón de la cadena con la que se había planificado un alzamiento de bienes. Otros socios y familiares del empresario catalán que se afincó en la provincia en los años sesenta también se sentarán en el banquillo, si bien Rifá y Martínez se consideran los cabecillas de una red perfectamente organizada para defraudar al fisco y que ahora se enjuicia en una causa con una enorme complejidad técnica con más de 29 tomos.

Vaciamiento patrimonial de 98 millones

La Fiscalía cifró el "vaciamiento patrimonial" en 98 millones de euros, siendo la deuda inicial del empresario con Hacienda al inicio de las operaciones de alzamiento (10 de noviembre de 2008) era de poco más de 84 millones, según los informes incluidos en el sumario que alerta de irregularidades en la transferencia de 13 hoteles y un centenar de fincas. El abogado Manuel Alarcón, coordinador del Departamento de Derecho Penal del bufete Martínez-Echevarría, aseguraba en noviembre de 2019 que la deuda se había ido saldando y ya estaba por debajo de los 30 millones de euros gracias a los recursos que han ido anulando los actos de hacienda y podía bajar más con los que continuaban en curso. Al frente de la defensa de Rifá, este abogado explicó que no se ha producido ningún desvío de activos al extranjero porque la propia causa lo hace evidente al no figurar entre las acusaciones el blanqueo de capitales. "Rifá no tiene ni directa ni indirectamente sociedades en ningún paraíso fiscal", explicaba a este periódico a los pocos días de conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía.

Fuentes jurídicas han informado a Diario de Almería que una de las peticiones de la defensa era tumbar los pinchazos telefónicos, escuchas que hicieron posible que se autorizaran los registros practicados por la Agencia Tributaria, pero la instructora no lo aceptó ni otras recusaciones de la instrucción ni cuando pidió el archivo de la causa. Durante casi dos años Miguel Rifá logró posponiendo su interrogatorio en virtud de los escritos presentados por la defensa y otras maniobras dilatorias, nada menos que media docena de citaciones que no prosperaron antes de que lo recibiera la jueza finalmente en abril de 2016 y le tomara declaración durante cinco horas en la Ciudad de la Justicia. Es uno de los motivos por los que se ha eternizado este juicio en el tiempo, casi tanto como la Operación Poniente recientemente finiquitada, un periodo de más de una década en la que ha podido desarrollar una vida aparentemente normal al no imponerle la jueza ninguna medida cautelar más allá de la fianza y de la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de las 34 fincas hipotecadas en un auto dictado de abril de 2013.

De hecho, Guardia Civil y Agencia Tributaria volvían a poner al descubierto otros hechos delictivos que se remontan a los años 2015 y 2106 dando lugar a una nueva causa penal que llegó al Juzgado de Instrucción 4 de Almería. Para la apertura del juicio que comienza hoy, la magistrada Ana Belén Vico ordenó fianzas millonarias para los acusados como garantía ante posibles responsabilidades civiles en la investigación contra el grupo empresarial de Rifá. El empresario catalán debe responder a una fianza de 88 millones de euros, mientras que la de su socio Israel Martínez es de 64 millones. Ambos se enfrentan desde hoy y durante todo el mes de septiembre en la Audiencia Provincial a uno de los juicios más complejos de los últimos años en la provincia.