El abogado Manuel Alarcón, al frente del Área Penal del bufete Martínez-Echevarría, lidera la defensa del empresario catalán Miguel Rifá al que la Fiscalía pide 30 años de prisión por los delitos de alzamiento de bienes, contra la hacienda pública e insolvencia punible fruto de los movimientos desmantelados en la Operación Hotelero en 2012 por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Tras las filtraciones de documentos e informes del procedimiento que instruye la magistrada Ana Belén Vico en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, Alarcón ha querido desmentir públicamente que se haya producido desvío de activos al extranjero porque la propia causa lo hace evidente al no figurar entre las acusaciones la de blanqueo de capitales. “No hay constancia de transferencias a ningún país de Sudamérica, ni ha existido ningún vínculo con Mossack Fonseca ni los papeles de Panamá. Rifá no tiene, ni directa ni indirectamente sociedades en ningún paraíso fiscal”.

La difusión de un documento del IFG Internacional en el que se traza la derivación de activos y patrimonio hacia sociedades off shore de Islas Vírgenes no será ni tan siquiera valorada en la causa cuyo juicio se celebre a finales del próximo año al tratarse, como ha argumentado la defensa, de la propuesta de creación de un trust para tratar de buscar financiación internacional que nunca se llevó a cabo. “Miguel no es dueño ni de Solinger ni de Eskisir Limited, la instrucción judicial nunca se ha dirigido hacia países extranjeros y así ha quedado demostrado en el proceso previo al juicio”.

La defensa argumenta que Rifá se vio duramente afectado por la crisis bancaria de 2008 y sufrió pérdidas en vehículos financieros de relevancia: varias sociedades de inversión de capital variable (sicav) sumaban 300 millones y bajaron a cero euros. Otros 15 que pagó a la Agencia Tributaria y 11 para sufragar el cuartel de Policía Local de Almería en plena crisis dieron al traste con la solvencia del grupo hotelero y comenzó una reestructuración empresarial que le ha terminado sentando en el banquillo de los acusados. A pesar de estar asesorado por bancos de inversión y los bufetes de primera línea, la investigación policial lo situó en el centro de un plan para descapitalizar sus empresas y así eludir el pago de impuestos y de las deudas contraídas.

Miguel Rifá en las instalaciones del Gran Hotel Almería cuando estaba integrado en Citymar

El letrado niega ese planteamiento y pedirá la absolución de Rifá al detallar que sólo pretendía llevar a cabo la reestructuración de los activos de sus diferentes sociedades con el que refinanciar el crédito. Es más, Alarcón asegura que la Agencia Tributaria rechazó el ofrecimiento de bienes inmuebles como garantía que hoy entiende alzados. Este plan para renegociar la deuda de más de 600 millones, cuando tenía como principales acreedores al Banco Popular, Banesto y Cajamar, con los que refinanciar el crédito a un mayor plazo queda precisamente recogido en un artículo de 2009 del diario Expansión. “Cada paso que ha dado se lo comunicó a la Agencia Tributaria con la que ha ido saldando la deuda”, afirma el abogado. En este sentido, el dato más actualizado cifra ese adeudo por debajo de los 30 millones -en 2011 estaba por encima de 130- gracias a los recursos que han ido anulando los actos de hacienda y que podría bajar más con los que continúan en curso.

El empresario catalán aseguró en su comparecencia ante la jueza que en ningún momento se actuó para perjudicar a la hacienda pública y vinculó estas maniobras al intento de esquivar el pago de las deudas millonarias con bancos y acreedores. La Fiscalía entiende, sin embargo, que Rifá tenía pleno conocimiento de la finalidad fraudulenta de estas operaciones para descapitalizar el grupo y evitar los embargos. A los pocos meses de la operación policial la jueza ordenó realizar la anotación preventiva de las 34 fincas hipotecadas de Rifá en el Registro de la Propiedad como garantía para tapar un agujero al fisco y ya en 2015 dictó una fianza de 2,4 millones por responsabilidad civil y solidaria. Y el año pasado se realizaron nuevos registros por operaciones que habrían tenido lugar entre 2015 y 2016 que se analizan en un procedimiento paralelo.

La defensa prepara ya el escrito y expresará su malestar: “Nos parece inaceptable que se filtren documentos sumariales, no podemos entender que se persigue con esto más allá de crear un clima de opinión previa al juicio ante la Audiencia Provincial y un juicio paralelo ante la opinión pública basado en fake news”. Por último, el abogado de Martínez-Echevarría ha explicado que las dilaciones del proceso no son imputables al empresario y han perjudicado a su derecho de defensa, al tiempo que sostiene que el asunto ha deteriorado la salud de Miguel Rifá y ha afectado de manera lógica al normal desarrollo de su actividad.