Después del duro varapalo judicial de abril por el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería desestimaba el recurso del empresario Miguel Rifá contra el consistorio de la capital por la demora de un convenio urbanístico por el que reclamaba más de 31 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, ha llegado una primera sentencia condenatoria para el principal implicado en la Operación Hostelero detenido en mayo de 2012 por el conjunto de artimañas con las que ejecutar un fraude fiscal millonario que sigue pendiente de juicio.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería lo ha condenado al pago de 89.804 y 149.678 euros y a sendas penas de tres meses de prisión por dos delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades y el IVA cometidos en 1998. Han tenido que pasar 21 años para que la justicia dictamine un primer fallo contra Miguel Rifá por la utilización de la sociedad Inmaculada Algaida SL para vender a General de Galerías Comerciales un terreno por 390 millones de pesetas evitando pagar impuestos por los beneficios obtenidos con una simulación fraudulenta de las operaciones de gasto. El Ministerio Fiscal solicitaba penas de 2 y 8 meses por cada uno de los delitos, si bien el tribunal ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones porque han pasado ya más de dos décadas.

El empresario hostelero tiene por delante aún un itinerario judicial más que complejo con dos causas pendientes de juicio en los Juzgados de Instrucción número 3 y 4 de Almería. El primero se remonta a mayo de 2012 cuando fue detenido en el marco de la Operación Hostelero al ser descubiertas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera el conjunto de artimañas entre sus sociedades para engañar al fisco a gran escala y no pagar el IVA a la hacienda pública. Miguel Rifá fue acusado de un fraude millonario frustrado en su intento de descapitalización de bienes para evitar el embargo de los acreedores, si bien todavía no se ha celebrado el juicio por las continuas dilaciones a las que se ha sometido un proceso que presidía la magistrada Ana Belén Vico.

La instructora impuso a principios de febrero de 2015 una fianza de 2,4 millones de euros por responsabilidad civil conjunta y solidaria en relación al fraude al promotor hotelero y a su asesor y testaferro, Israel Martínez, también acusado en la trama de Obrascampo. Y en plena instrucción del fraude detectado en 2012 se destapó que el empresario con más de 30 años de trayectoria en el sector de la hostelería almeriense volvía a ser investigado por los agentes de Agencia Tributaria y Guardia Civil en una nueva causa penal que ya está en el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería por hechos delictivos que se remontan a los años 2015 y 2016. La justicia era consciente de que Miguel Rifá ha seguido maniobrando de manera irregular con la venta de fincas a sociedades y particulares con las que estaría cometiendo delitos de alzamiento de bienes para evitar el embargo de sus acreedores y se ha iniciado otra causa que se tramita de manera independiente.