Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

Estado de Derecho

Las actuaciones del Gobierno habrán sido pocas pero obligadas por la ley y con respeto a ella

El TC, con el voto unánime de sus miembros ha anulado la ley del referéndum catalán por invadir competencias estatales, vulnerar la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la nación española. Éstos son algunos de los fundamentos de la sentencia y aunque esa ley del Parlament, votada con ausencia de la oposición, ("vulnerando así los derechos de las minorías y de sus representantes, dejando a los ciudadanos a merced de un poder que no reconoce límite alguno") ya se encontraba suspendida, confirma que los resultados del referéndum carecen de cualquier valor para ser esgrimidos como justificantes de la declaración de independencia. Y no sólo frente al Gobierno de España, sino también frente a la UE y al resto del mundo. Todos los sentimientos son respetables, pero para que no impere la ley de la selva, sólo con esos sentimientos, por muy arraigados y unánimes que sean, no se puede conseguir que el ordenamiento jurídico no se aplique, si es que estamos, como ocurre en España, en un Estado de Derecho.

Por eso la actuación del Gobierno se ha limitado a dos iniciativas. La primera, como en la sesión parlamentaria donde se anunciaba el resultado del referéndum y que el president consideraba que suponía la declaración de una república en Cataluña y, sin proclamarla la suspendía, el requerimiento para la aclaración de si estaba o no proclamada la independencia era obligado, ya que sólo en caso de proclamación podía ponerse en marcha el artículo 155. La segunda actuación del Gobierno ha sido la de denunciar ante los juzgados del posible delito en que podían haber incurrido los presidentes de ANC y Òmnium cultural, al haber promovido el asedio a la Guardia Civil, destrozando sus vehículos e impidiendo la salida del personal judicial que tuvo que hacerlo por la azotea. Por estos hechos la autoridad judicial ha acordado la prisión sin fianza de los dos Jordis, a los que el líder de Podemos considera "presos políticos".

Por tanto, las actuaciones del Gobierno habrán sido pocas pero obligadas por la ley y con respeto a ella. Estas actuaciones, según la encuesta realizada por El País, cuentan con el apoyo y aprobación de todos los líderes regionales del PP. De otro lado la actuación del Gobierno de Puigdemont y sus apoyos parlamentarios, no tiene base legal alguna en qué apoyarse. Como dice el TC, "un poder que niega el Derecho, se niega así mismo, como autoridad merecedora de que la acatemos"; "los ciudadanos (quedan) a merced de un poder que no reconocer límite alguno, es decir arbitrario".

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios