LA modernización de la Administración española es ya un clásico en nuestras conversaciones. Hemos llegado al convencimiento general de que nuestro futuro pasa en gran medida por ahí. Este reto es la llave, nada menos, que de los grandes objetivos del país, entre los que destaco estos: (i) la mejora urgente de la educación; (ii) la revisión profunda del funcionamiento de la Justicia; (iii) el mantenimiento y el progreso de los servicios de salud; (iv) la garantía efectiva de la seguridad ciudadana; (v) la competitividad de nuestras empresas a través -pero no sólo- del I+D+i; y (vi) el continuo desarrollo de las infraestructuras.

La prioridad y la exhaustividad de los anteriores objetivos son muy discutibles, claro. Pero lo decisivo es que sobre ellos hay, por suerte, un consenso generalizado. Esta coincidencia nos habla de nuestra razonabilidad y madurez como ciudadanos y debemos felicitarnos por ello. Ahora bien, estos ambiciosos objetivos comunes no se lograrán por el simple voluntarismo de querer alcanzarlos. Una vez consensuado el qué se pretende, hay que trabajar en el cómo conseguirlo. Toca pasar a la acción y quiero aquí apuntar dos elementos que, sin ser la medicina de todos los males, pienso que hay que considerar muy seriamente.

Por una parte, parece claro que no todas las soluciones vendrán desde dentro del aparato administrativo y resultará muy conveniente apoyarse en las experiencias de otros países y sectores. El conocimiento acumulado en restructuraciones similares no puede ser ignorado. Muchas organizaciones se han enfrentado ya a similares esfuerzos organizativos y a la implantación de nuevos procesos y tecnologías. Hablando en plata, la Administración debe abrirse más a la contratación de consultoría de alto nivel, con mucho criterio y tiento, sí, pero también sin complejos.

Por otro lado, hay que afrontar sin miedo el debate de la retribución de altos cargos y de funcionarios. Si se nos llena la boca al hablar de la importancia de los servicios públicos debemos, en coherencia, asegurar allí la captación y retención del talento.

Necesitamos la motivación de los servidores públicos y ésta requiere una retribución competitiva y variable en función de resultados.

La modernización que nos proponemos va a exigir esfuerzos profundos de políticos, funcionarios, sindicatos y del conjunto de la ciudadanía. No nos podemos permitir que los prejuicios nos cierren vías de solución válidas. Dado el punto de partida y los objetivos que nos marcamos, la coherencia será un aliado imprescindible y la hipocresía, un viejo y temible enemigo.