En política es normal que la derecha saque a relucir las veces que Pedro Sánchez dijo que estaba en contra de la amnistía ya que su cometido es hacer oposición. Pero también es normal que ahora diga Pedro Sánchez que hay que hacer de la necesidad virtud, ante el riesgo de un gobierno del PP con VOX, cuando Santiago Abascal ha manifestado que, si se diera el caso, volverán las tensiones a Cataluña y habrá situaciones peores que en 1917. La política no es una práctica que funciona a peñón fijo. Las circunstancias mandan. Pero si analizamos la situación bajo un punto de vista jurídico, el PP pierde el tiempo convocando manifestaciones contra la ley de Amnistía. No nos corresponde a los ciudadanos de a pie dictar leyes lanzándonos a la calle, sino a los diputados que nos representan en el Congreso por haberlos elegido libremente para tal fin. Las movidas que organiza la derecha para desaprobar la ley de amnistía son ganas de marear la perdiz que, aparte del ruido, no producen efecto alguno. Más preocupante es el comportamiento de los miembros del poder judicial. Nada impide a los jueces y fiscales que se sumen a las movidas callejeras vestidos de paisano para hacer bulto, pero colocarse delante de los palacios de justicia con las togas puestas para pronunciarse contra una ley que no ha entrado en vigor, es una utilización partidista del poder judicial que lo desprestigia. El poder legislativo reside en el Parlamento y lo que corresponde a los jueces es su aplicación una vez que haya sido aprobada, con absoluta objetividad, al margen de sus preferencias. Hasta la fecha, nada se ha hecho al margen de la Constitución y no hay motivo para “juzgar” por anticipado una ley que, al día de hoy, no forma parte del Ordenamiento Jurídico. Lo que hay es una proposición de Ley Orgánica de amnistía presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que ha sido admitida a trámite. Se someterá a votación y entrará en vigor si es aprobada por la mayoría correspondiente. Una vez aprobada se podrá interponer un recurso de inconstitucionalidad y será el Tribunal Constitucional quien resuelva. Todo ese empeño de la derecha en atacar al gobierno argumentando que, con la ley de amnistía peligra la división de poderes, se puede considerar que forma parte de su estrategia y no darle mayor importancia. Pero el comportamiento de miembros del poder judicial subiéndose al carro de las movidas de la derecha, es lo que pone en duda su independencia.