L LEVAMOS un tiempo con la palabra amnistía acaparando todo el protagonismo en cuanto a política se refiera. De la negociación del PSOE con Bildu, que fue el dispositivo para que se rompiera España en la pasada legislatura, nada se oye. Ahora es la amnistía lo que puede ocasionar la ruptura de España. Hay posiciones a favor y en contra. Quienes están a favor suelen expresar su opinión sin grandes alharacas cuando se les presenta la ocasión en cualquier medio de comunicación. Quienes están en contra, se han tirado a la calle pregonando el diluvio que se nos avecina si se concede la amnistía a Puigdemont y a sus allegados independentistas. Mientras que José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, la justifica con argumentos en un artículo periodístico, Esperanza Aguirre la condena encabezando una movida junto a VOX, con vivas a Franco, frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Nada que objetar. Hay libertad de expresión y cada uno es muy libre de expresarse como mejor le parezca. Lo que me parece preocupante es el uso de una institución, cuyo fundamento es velar por el imperio de la ley, para fines partidistas. El desprestigio del Consejo General del Poder Judicial, ya se manifiesta desde que permanece en funciones desde diciembre de 2018, impidiendo su renovación por una mayoría conservadora favorable al PP. Ahora, a propuesta de ocho vocales del sector conservador, el presidente ha convocado un pleno extraordinario para pronunciarse en contra de la ley de Amnistía antes de que se apruebe. Hay muchas razones para considerar improcedente dicha convocatoria, pero me voy a limitar a exponer la que me parece fundamental. Cuando se trata de un proyecto de ley remitido por el gobierno de turno es preceptivo, pero no vinculante, el informe de CGPJ. No lo es cuando se trata de una proposición de ley remitida por un grupo parlamentario. La ley de Amnistía tiene previsto registrarse como una proposición de ley y no requiere el informe del CGPJ. Una declaración de dicho organismo manifestándose en contra, solo se explica que lo haga con fines partidistas, ajenos a las atribuciones que le marca la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una declaración del CGPJ podrá contribuir a caldear el ambiente callejero que se manifiesta en contra de la amnistía, pero no siendo preceptivo un informe de dicho organismo, tratándose de una proposición de ley, puede ir derecho a la papelera sin mayores contemplaciones.