Menudo tinglado se ha montado con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez con los diputados de Junts, para sacar adelante los Decretos-leyes presentados para su aprobación en la Cámara Baja. Si con la concesión de la amnistía a los independentistas catalanes se iba a romper España, con el traspaso de la competencia para controlar la inmigración al partido de Puigdemont, se puede acabar el mundo. Hay palabras que, desde hace un tiempo, se vienen utilizando para hacer oposición al Gobierno como si fueran proyectiles que pudieran ocasionar su derrota. La palabra Bildu, que durante la pasada legislatura ocupó el primer plano, está perdiendo fuelle desde que apareció la palabra amnistía, que últimamente está acaparando los principales titulares en boca de la derecha para hacer oposición a bocajarro. Llevamos una semana oyendo la palabra inmigración como último recurso para disparar contra el Gobierno, aunque no sabemos exactamente en qué va a consistir el traspaso de funciones de dicha materia. Ante tanto alboroto como ha provocado la ausencia de Junts a la hora de votar, para facilitar la convalidación de los Decretos-leyes presentados por el Gobierno, pongamos las cosas en su sitio. En primer lugar, no es cierto que se vaya a traspasar competencia alguna al partido de Puigdemont, que es lo que cacarea la derecha, puesto que Junts hoy no gobierna en Cataluña y en el futuro lo tiene difícil. En cualquiera de los casos, si tan peligroso es adoptar un acuerdo con Junts, para delegar al gobierno de Cataluña algunas competencias sobre inmigración, el PP podría haber evitado que se produjese semejante catástrofe habiendo dispuesto la escapada de siete diputados de los suyos a la hora de votar. Si no lo ha hecho será porque considera más peligrosas las materias que contienen los Decretos-leyes aprobados por el Ejecutivo y presentados para su convalidación en el Congreso, que el traspaso de competencias sobre la inmigración a la Generalitat. No esperaría Pedro Sánchez que Núñez Feijó y el partido que preside bajo la tutela de Díaz Ayuso, defendiesen con su apoyo el incremento de las pensiones un 3,8%, la gratuidad del transporte público para estudiantes y la subida del salario mínimo. Tampoco era cuestión que el PP votase a favor del desembolso para España de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, para que Pedro Sánchez se ponga la medalla. Ya lo dijo la jefa: “A este gobierno de Pedro Sánchez, ni agua”.