Los tumbos de los gobiernos del PP han dejado a la deriva a las 1.600 familias almerienses que decidieron invertir en energía fotovoltaica creyendo, como se les dijo, que era bueno para todos: para el medio ambiente y para su economía familiar. Esto último ha resultado ser del todo incierto. Ahora, esas 1.600 familias engañadas por el PP mantienen una deuda financiera de 300 millones de euros, han tenido que vender propiedades y viven en una angustia constante. Se trata de personas de clase media y trabajadora que vieron una oportunidad de mejorar sus pensiones futuras y de amortizar sus ahorros invirtiendo en lo que debería estar al alcance de todos, el sol.

El drama económico en el que se encuentran estas personas y sus descendientes tiene claro el origen y, también, podría tener fácil solución de no ser porque ni siquiera quieren escucharles. La asociación nacional que representa a estas 1.600 familias -que son 16.000 en Andalucía- ha intentado por todos los medios durante los últimos cinco años que alguien les abriera las puertas del Ministerio de Energía para exponer su drama, pero el ministro Álvaro Nadal parece no estar dispuesto a escuchar penas. Y desde Almería, los dirigentes provinciales del PP esconden las cabezas como los avestruces para eludir su responsabilidad que pasa por una mediación entre los damnificados por la fotovoltaica y los representantes del Gobierno de España. No nos sorprende. Esa es su estrategia. Se esconden de la Mesa del Agua, de la Mesa del Ferrocarril y, ahora, de los afectados por la fotovoltaica.

Los socialistas de Almería hemos hecho lo contrario, les hemos abierto las puertas, les hemos escuchado y ya nos hemos puesto a trabajar para ayudarles. Vamos a poner a su disposición nuestro equipo jurídico -el mismo que ha resuelto muchos de los problemas que padecían familias almerienses afectadas por las hipotecas abusivas- para que puedan ver la luz al final del túnel. Vamos a impulsar iniciativas para instar al Gobierno de Rajoy a actuar en su favor a través de las instituciones en las que gobernamos y a través de los grupos del PSOE en todas las administraciones en las que nos encontramos.

Estas familias exigen y merecen una respuesta. Es injusto que las trabas que les imponen sitúen su solución cada vez más lejos, tanto o más como parece estar la puerta del ministerio responsable de este despropósito.