Los cinco vigilantes de seguridad del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF) de San Fernando -instalaciones dependientes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030- se han dado de baja esta misma semana después de llevarse 7 meses sin cobrar sus nóminas a causa de la complicada situación económica de la empresa que tiene adjudicado el servicio, la mercantil sevillana Pretoria Seguridad, que a raíz de sus deudas ha sido embargada por Hacienda. 

Aunque a estos empleados se les deben sus salarios desde el mes de mayo, han estado trabajando y presentando sus servicios sin falta durante los últimos meses. La falta de ingresos, además, ha llevado a sus familias a una situación límite y absolutamente desesperada dado que apenas cuentan con recursos para poder subsistir al no haber percibido sus nóminas durante un periodo de tiempo tan largo.   

Con la baja de la plantilla al completo, el CRMF, por el momento, se ha quedado sin servicio de vigilancia. El problema -explican los afectados- sigue sin solucionarse a pesar del tiempo transcurrido. 

Desde el Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz se ha solicitado a la Agencia Tributaria el levantamiento del embargo ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los cinco vigilantes y dado que existe un auto del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla del pasado mes de julio en el que se ha ordenado suspender los procedimientos de ejecución seguidos por los acreedores públicos frente a Pretoria Seguridad al haberse abierto un proceso de negociaciones por esta otra vía legal.

Al existir un acuerdo entre el CRMF y la citada mercantil para ceder el derecho de créditos, los trabajadores podrían cobrar directamente sus salarios tras el levantamiento del embargo.

Según los propios afectados, en paralelo el Ministerio está tramitando una licitación urgente para el servicio de vigilancia de las instalaciones por el plazo de 6 meses, si bien –por la información que les llega– el nuevo contrato no suscita el interés de las empresas del sector dada la problemática que hay. Así que están encerrados en un círculo vicioso. 

El Ayuntamiento de San Fernando aprobó en el último pleno una moción de apoyo a estos trabajadores.