Hasta ocho causas vinculadas a los ciberdelitos instruyen los Juzgados de San Fernando. El número 1 soporta la mayor carga de trabajo con 3 de esos casos que arrojan números elevados: al menos 1.400 perjudicados y unos 200 investigados. Eso se traduce en una ingente cantidad de gestiones que con los recursos humanos con los que dispone resulta inviable de atender. Le ocurre lo mismo a los otros juzgados mixtos de la localidad. Ante esta saturación, se reclama el incremento de personal, un juez de apoyo que se haga cargo de este tipo de casos y más funcionarios. "Los trabajadores están desbordados, frustrados porque no da tiempo tocar una causa de este tipo con tanto volumen de acciones", advierte la delegada de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la provincia, Carmen Martínez.

La Policía Nacional cuenta en la Comisaria de San Fernando con una Unidad de Delitos Tecnológicos y Ciberdelincuencia de la Brigada de Policía Judicial porque la ciudad se ha convertido desde hace unos años en el epicentro nacional de las estafas por internet, como mostró este periódico en 2020. Del último caso que se ha conocido se inició la investigación hace unos tres años a partir de una denuncia en la Comisaría isleña que llevó a otras denuncias de empresas españolas que habían sufrido ciberataques. El trabajo policial permitió desarticular una organización criminal ubicada en Rumanía. En la operación también intervinieron Interpol y el Oficial de Enlace y el Agregado de Interior de la embajada española en este país, además de las autoridades rumanas. De Países Bajos, Alemania, Polonia y Hungría eran otras empresas afectadas.

Esta información refleja muy bien la magnitud que la ciberdelincuencia puede alcanzar. Si se trata de casos que se instruyen en los Juzgados de San Fernando la carga de trabajo crece exponencialmente, especialmente cuando se transforma en una macrocausa. El ejemplo claro data de 2018 cuando se inician las diligencias previas por delito de asociación indebida, delito continuado de blanqueo de capitales, estafas a través de internet y usurpación de estado civil. Es la rebautizada Operación Ruder, la que desveló qué se cocía en San Fernando en la red y las posibilidades para desarrollar actos ilícitos que ofrecía. "Copiaban la forma de estafar pero fueron creando su propio método", apunta Martínez tras indagar sobre este asunto. "Es la macrocausa con más volumen de los procedimientos que se siguen en los Juzgados de San Fernando. Acumula 64 tomos", añade. La instrucción la afronta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1.

A esa cifra la acompañan otras que refuerzan la complejidad del tema: acumula 100 investigados (entre dirigentes y partícipes) a los que se les atribuyen más de 800 delitos; cada semana siguen llegando más perjudicados, de hecho ya van por más de 900; se ha detectado el uso fraudulento de más de 115 DNI para hacer pasar a sus titulares por vendedores y el empleo de más de 100 teléfonos móviles y cuentas bancarias para cometer estafas. Pero, además, el número de perjudicados e implicados va creciendo al recibir nuevas denuncias por la inhibición de otros partidos judiciales de todo el territorio nacional. Como explica el sindicato, cuando un juzgado de otro punto del país detecta que es el mismo caso que se atiende en San Fernando le da traslado a La Isla.

"Tanto la letrada de la Administración de Justicia como la juez titular solicitaron un refuerzo en su momento, una tramitadora que prácticamente estaba dedicada a esta causa, pero de la noche a la mañana se quitó", comenta la delegada de Justicia de CSIF Cádiz. Se ha reclamado en muchas ocasiones que regrese, sin éxito. "Sin explicación. Bueno, siempre es la misma: la falta de presupuesto. Así que el caso está parado", advierte y detalla el funcionamiento de los juzgados para aclarar la situación. En cada uno hay seis funcionarios, cuatro de ellos para procedimientos civiles y dos para penal, que suelen entrar en menor número. "Pero tener que afrontar una macrocausas de estas o que toque una guardia complicada puede desequilibrar el trabajo", abunda.

El Juzgado número 1 tiene otras dos causas de delitos tecnológicos entre manos. Pero no es el único, también hay procedimientos de esta índole en los números 3 y 4, hasta un total de 8 manejadas por la Justicia en San Fernando. Se libra de esta situación el Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 que concentra los procedimientos de violencia de género.

El sindicato, como los trabajadores de los Juzgados, teme que en los delitos de la macrocausa que lleva el número 1 prescriban al ser prácticamente imposible identificar y notificar a tantas personas implicadas dentro de los plazos legales. "Están desbordados, frustrados porque no da tiempo tocar una causa con tanto volumen. Si por ejemplo se pone una denuncia en Barcelona el Juzgado se inhibe y la manda aquí, donde tienen que localizar a la persona afectada y tomarle declaración. Así hay que preparar una videollamada, que la sala esté disponible", expone Carmen Martínez. Eso sin contar que los denunciantes hayan cambiado de domicilio y que otros desconfíen del órgano judicial por temor a ser víctimas de nuevas estafas cuando se les contacta por teléfono.

Con estas circunstancias, CSIF califica de "urgente" que se dote al partido judicial de San Fernando de un juez de apoyo que pueda asumir este tipo de causas. "No se trata de crear un juzgado específico porque el problema se produce mientras dura la instrucción, que quita mucho tiempo. No hay medios, hacen falta refuerzos de funcionarios en cada juzgado", concreta la delegada de Justicia del sindicato, que deja claro que el trabajo sale adelante gracias a la profesionalidad y diligencia de los funcionarios, "a costa de su propia salud". Estima que son necesarios hasta dos funcionarios más por juzgado por la cantidad de casos que atienden.

El Juzgado número 3, el más afectado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 lleva tres causas sobre ciberdelincuencia, la de mayor volumen con 124 afectados. Dos casos relacionados con delitos tecnológicos maneja el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 con 90 perjudicados una y con 140 perjudicados la otra. Son los datos que maneja CSIF.

Cinco causas, entre otros dos juzgados

Según la información del sindicato, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 lleva tres causas sobre ciberdelincuencia, la de mayor volumen con 124 afectados. Dos casos relacionados con delitos tecnológicos maneja el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 con 90 perjudicados una y con 140 perjudicados la otra.

No se puede hablar de banda organizada

Estos casos con tantos implicados deberían derivarse a la Audiencia Nacional. Pero, como señala Carmen Martínez, delegada de Justicia de CSIF Cádiz, no cumplen los requisitos para hablar de banda organizada.