Con el pretexto de la negociación entre el PSOE y los independentistas catalanes, se viene desatando en las últimas semanas una ofensiva muy intensa contra el presidente del Gobierno en funciones, cuya dureza se está viendo incrementada en estos días, y crecerá, sin duda, en vísperas de la investidura de Pedro Sánchez, si finalmente ésta se produce.

Los argumentos que resumen la posición de quienes patrocinan tal ofensiva son dos: que la posible ley de amnistía atentaría contra el estado de derecho, violando la Constitución al infringir el principio de igualdad y destruyendo la separación de poderes por ningunear al judicial, y, por otro lado, que la quita de parte de la deuda de Cataluña con el FLA implicaría un privilegio inadmisible en perjuicio de la solidaridad entre las Comunidades Autónomas en materia de financiación. Las negociaciones en curso serían, en palabras de Feijóo, una humillación, una infamia, una indignidad.

Seguramente sea iluso pretender ofrecer argumentos en sentido contrario entre el atronador ruido de tan grandilocuentes términos, pero creo que merecerá la pena. Lo que está funcionando no es otra cosa que el propio estado de derecho, se está negociando el apoyo parlamentario para la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes. Si finalmente hay una ley de amnistía, ésta deberá ser aprobada por mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, su constitucionalidad será valorada por la única instancia que tiene competencia para ello, el Tribunal Constitucional, –al que la derecha por cierto descalifica de forma preventiva– y el estado de derecho habrá dado una muestra más de su fortaleza. Lo que no es propio del estado de derecho es que unos representantes del poder judicial, cuya legitimidad es más que dudosa por haber caducado su mandato hace más de cinco años, se embarquen en una iniciativa claramente prevaricadora por cuanto que se extralimitan en sus funciones. Lo que no es admisible en el estado de derecho es que los jueces, llamados a aplicar las leyes, le nieguen legitimidad a una ley nonata de amnistía sin conocer su texto.

Se dice que la amnistía atenta contra el principio constitucional de la igualdad, ignorando que es la propia Constitución la que contempla en su artículo 62 la posibilidad de dictar medidas de gracia por medio de una ley. ¿O es que los indultos dictados por Aznar y Rajoy no atentaban contra la igualdad y la medida de Sánchez sí? ¿La amnistía fiscal de Rajoy no atentaba contra la separación de poderes y la de Sánchez sí? Lo cierto es que la única ley que la derecha asume y practica vehementemente es la ley del embudo.

Por último, pero no menos importante, se esgrime en contra de la quita parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica a Cataluña el argumento de que es un privilegio que se otorga a una comunidad en detrimento de las otras, despreciando el hecho de que tal mecanismo es aplicable por igual a todas las comunidades de régimen general con los mismos criterios que para la catalana, como se ha venido afirmando por los sucesivos Ministros de Hacienda desde Montoro hasta hoy. En cualquier caso, la financiación de las Comunidades Autónomas deberá ser objeto de un nuevo acuerdo multilateral que dé respuesta a los posibles desequilibrios entre unas y otras en función de criterios comunes y acordados, postura que siempre ha defendido y defenderá el PSOE de manera tajante.

El argumentario que la derecha está utilizando, además, está siendo aderezado con mítines, manifestaciones, concentraciones, pintadas e insultos de naturaleza diversa, con un leitmotiv: deslegitimar la hipotética investidura de Pedro Sánchez, deshumanizándolo, presentándolo como traidor, mentiroso, un peligro para la democracia, guiado por una ambición de poder enfermiza. En los últimos días se han empezado a producir auténticos actos de acoso a las sedes del PSOE en distintos lugares de España, afortunadamente hasta ahora sin daños personales, bien que son actos de vandalismo que implican coacciones y amenazas y que pretenden amedrentar a personas por el mero hecho de militar en un partido político. Feijóo o Moreno Bonilla, por citar los máximos responsables del PP en España y Andalucía, finalmente, y tras varios días de incidentes, han rechazado los hechos violentos sucedidos, aunque a regañadientes, pero no han desautorizado el acoso y la coacción a un partido democrático: deberían explicar por qué no lo hacen y asumir sus eventuales responsabilidades.

Finalmente, una pregunta quizá inocente: ¿podría la derecha, en lugar de amenazarnos con el apocalipsis por tierra, mar y aire, en vez de llamar a que “el que pueda actuar actúe”, plantear un debate sereno sobre estas cuestiones, con toda la dureza que estime necesaria y el respeto debido al adversario político, y, de paso, explicarnos qué alternativa tiene para dar respuesta al problema catalán, que no sean los tribunales y la porra? ¿O es mucho pedir?